El caso que atendió esta semana la Comisión Federal de Competencia (CFC) pone en evidencia que el Estado mexicano no ha impulsado una política congruente que promueva la entrada de múltiples actores al sector de telecomunicaciones, dejándole al órgano regulador de la competencia la responsabilidad de tomar decisiones que llegan muy tarde en el proceso. A falta de competidores en la industria de la televisión, una decisión como la que anunciará la CFC en los próximos días se torna crucial e inevitablemente es interpretada de manera política, aunque no necesariamente lo sea. La decisión giró en torno a la intención de Televisa de adquirir la mitad de las acciones de Iusacell: se trata de una revisión de concentración que la CFC debe hacer para cualquier transacción de este tipo en el país. El problema es que la compañía de telefonía móvil pertenece también al dueño de TV Azteca, y el peligro yace en los posibles daños a la competencia en los mercados de televisión y de telefonía celular. La alineación de dos intereses poderosos presumiblemente se podría transformar en una enorme capacidad de presión sobre el órgano regulador de la competencia y, en general, sobre el Estado. Toca a la CFC en su investigación demostrar con datos duros y análisis económicos profundos el efecto real en los precios y en el acceso a los servicios de dicha concentración. De otra forma, se prestará a interpretaciones políticas.
Incluso si la CFC no aprobara la adquisición de los activos -tal y como lo indican algunos trascendidos- su decisión simplemente se deberá a un entendimiento de los efectos que la concentración tendrá en los niveles de competencia, de precios y de acceso en ambos mercados. Definitivamente no se trata de una decisión cuyo propósito es resolver el problema de fondo, la falta de visión con la que se asignaron los títulos de concesión a las televisoras hace años y que hoy queda claro no responden a las posibilidades tecnológicas existentes. Si, de otra forma, se pensara en la opción de imponer ciertas condiciones para dicha adquisición de acciones, el reto estaría en hacerlas cumplir y evitar que se transformen en intentos de acaparar el mercado. Ciertamente, una decisión negativa respecto a la adquisición será impugnada ante tribunales. El reto para la CFC en ese caso, estará en demostrar que la decisión fue tomada con base en criterios de eficiencia y no de procedimiento o políticos. El reto se acentúa dada la forma tan poco consistente en que la Comisión ha actuado en los últimos años.
En las últimas décadas no se ha observado más que decisiones esquizofrénicas en materia de competencia en el país, ejemplo de esto es la aprobación de la Ley de Competencia y la creación de la CFC apenas unos meses después de la privatización de Telmex a manos de un solo comprador. Este caso no es diferente. Años de indecisión por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte y la Comisión Federal de Telecomunicaciones sobre los títulos de concesión, llevan a que una revisión de concentración rutinaria por parte de la CFC se transforme en un tema álgido y con tintes políticos, cuando en realidad se trata -o debería- de una decisión económica. Mientras no se resuelva el problema de fondo, que es la falta de una estrategia coherente pro mercado en el país, se seguirá haciendo uso de remiendos legales que poco contribuyen a la construcción de un terreno parejo para todos los competidores. Definitivamente en el futuro, este será un tema pendiente para el gobierno entrante, quien no sólo habrá de resolver qué estrategia tomar en cuanto a telecomunicaciones, sino también respecto al sector energético, el de transportes y sobre el diseño institucional de los órganos reguladores. No es una tarea fácil, pero sí impostergable.
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