A casi dos semanas del incendio que ha provocado la muerte a 46 menores, la clase política ha demostrado su falta de voluntad para resguardar la seguridad de los ciudadanos, así como para tomar acciones concretas que impidan que esta situación se repita. En cambio, sí han demostrado una gran preocupación por los costos electorales que este accidente puede llegar a tener para los dos partidos involucrados. A la fecha, no hay responsables ni arrestos, no hay ni siquiera información completa por parte de las autoridades. Sin embargo, sí se han suspendido las licitaciones para 80 guarderías y se ha frenado el avance de un programa del que dependen miles de familias en el país. Con esto, el gobierno adjudica la culpa del incidente al programa de guarderías y no al deficiente esquema de regulación, a la falta de supervisión adecuada de las mismas y la corrupción en la que muchos mexicanos participan a diario. La solución no es acabar con los servicios sino con la impunidad. Aún hay tiempo de construir un proyecto de liderazgo que transforme la muerte de estos niños en una oportunidad para cambiar realidades y construir un mejor futuro para todos los ciudadanos. Hasta ahora, el gobierno no parece estar interesado.
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