Ante la negativa de Estados Unidos de extender el programa piloto en materia de autotransportes, el gobierno mexicano decidió responder emprendiendo represalias que, aunque contempladas en el TLC y en las normas de comercio internacional, había sido reticente en aplicar. Esto inaugura una nueva etapa en la relación bilateral con Estados Unidos. Los criterios para definir los productos sujetos a aranceles fueron decididos con detenimiento para no afectar cadenas productivas y no incrementar precios internos, pero sí para molestar a muchos legisladores estadounidenses. La lógica es absolutamente política: que se afecte lo menos posible a la economía mexicana pero que se tenga el mayor impacto político en EUA. Es importante remarcar que ni los teamsters estadounidenses ni los camioneros mexicanos tienen la menor intención de competir en el territorio del otro. Los transportistas mexicanos quieren que no haya competencia en las regiones de México en que ejercen un efectivo monopolio. Pero lo relevante es que el gobierno haya decidido finalmente actuar y poner un alto al proteccionismo potencial del actual gobierno norteamericano. La pregunta es, independientemente de esto, quién está abogando por los consumidores y ciudadanos mexicanos.
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