El pasado 7 de febrero el presidente Peña promulgó la serie de reformas constitucionales en materia de transparencia. Dichas modificaciones implican importantes avances en la materia ya que, además de dictar la plena autonomía del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI), incluye nuevos sujetos obligados como sindicatos, partidos políticos y fideicomisos públicos, así como la obligación para el Congreso de crear, en un plazo máximo de un año, la Ley General de Transparencia. Sin duda, estos cambios pondrían al país a la vanguardia en el tema. No obstante, ante la pesada agenda legislativa del presente periodo ordinario de sesiones, aunado a los antecedentes de incumplimiento de plazos constitucionales para actuar de parte de los congresistas (por ejemplo, ya han incurrido en falta en lo referente a la reglamentación de la reforma en telecomunicaciones al agotar el periodo que ellos mismos establecieron para materializarla), hacen que el perfeccionamiento del marco jurídico en transparencia quede en vilo.
En los próximos días, los actuales consejeros del IFAI deberán decidir si solicitan al Senado su permanencia en el cargo, a fin de cumplir el periodo para el cual fueron designados. De hacerlo, deberán comparecer ante las comisiones correspondientes de dicha cámara, para luego someter su continuidad a la ratificación del pleno senatorial. En cualquier caso, los senadores tienen la obligación de iniciar el proceso encaminado al nombramiento de tres nuevos consejeros –dada la ampliación a siete miembros del pleno del IFAI, más la vacante que dejó Jacqueline Peschard en enero—, así como emprender las discusiones de la Ley General de Transparencia. La importancia de esto último radica en la necesidad de armonizar las leyes estatales en la materia. Según el aparato transitorio de la reforma, una vez aprobada tal legislación, las entidades federativas contarán con un plazo de un año a fin de hacer congruentes sus aparatos legales con el ordenamiento general. En la actualidad, los estados no necesariamente siguen los lineamientos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. Algunos cuentan con legislaciones de vanguardia –como el caso de Morelos, donde aun antes de la reforma constitucional ya contemplaba como sujetos obligados a los partidos políticos, además de tener la figura de apertura de información de oficio—, mientras otros todavía imponen serios obstáculos al acceso a determinados datos, fomentando la opacidad.
Los siguientes meses serán cruciales en la consolidación de los adelantos en transparencia y rendición de cuentas. Indudablemente, la sociedad civil fue fundamental en el fortalecimiento de las herramientas para que la ciudadanía permanezca vigilante del uso de los recursos públicos en las distintas instancias de gobierno. Como se recordará, aun cuando las comisiones del Senado habían realizado un dictamen que significaba varios retrocesos en el tema (se exentaba a los sindicatos de la ley, además de enviar a la instancia de fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE) la materia de transparencia de los partidos políticos, y limitar la obligatoriedad y definitividad de las resoluciones del IFAI a varias instancias de gobierno), la presión de distintas organizaciones sociales fue clave para que el proyecto de ley se modificara y hoy se tenga el presente resultado. Sin embargo, persisten diversos resquicios de potencial opacidad.
Si no hay un seguimiento pertinente a la conclusión del proceso legislativo, el Congreso estará tentado a ser omiso y retrasar la puesta en marcha del renovado esquema de transparencia para todo el país. Asimismo, el contenido de la Ley General de Transparencia será crucial en la definición de las reglas para determinar cómo y en qué condiciones rendirán cuentas aquellas instituciones caracterizadas hasta la fecha por ser opacas y discrecionales en la utilización de los recursos emanados de los contribuyentes. El riesgo está en que entes como los partidos políticos encuentren subterfugios con el propósito de continuar ocultando información acerca del destino del dinero público que se les asigna. Así las cosas, la labor de la sociedad civil apenas comienza y será su responsabilidad obligar a la autoridad a actuar en tiempo y forma. De otro modo, al ser juez y parte, los legisladores podrían convertir la reforma en transparencia en una mera simulación.
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