La decisión del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa (TFJFA) –declarar nula la resolución del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) que obligaba a la PGR a dar a conocer las averiguaciones previas en torno a Rosario Robles– implica un retroceso en el acceso ciudadano a la información en detrimento del interés público.
Esta resolución erosiona además el carácter de inmediatez y gratuidad, toda vez que media un proceso judicial que determina si el fallo del IFAI –que en teoría es definitivo– es procedente o no, alargando el tiempo de espera por la información e incrementando el costo a la ciudadanía, ya que involucra un juicio administrativo.
La decisión del TFJFA se da en el marco de intentos previos de la autoridad federal (SEGOB y PGR) de impulsar una reforma a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en la que se constituyera un tribunal especializado (o en su caso el TFJFA) que determine como última instancia si son procedentes o no las resoluciones emitidas por el IFAI.
En el ámbito local hay esfuerzos en el mismo sentido. El Congreso de Campeche impulsa una reforma a su Ley de Transparencia en la que pretende instituir una instancia judicial que pueda determinar si procede la resolución de la instancia estatal de acceso a la información. En caso de consolidarse, PGR y SEGOB tendrían un precedente para la propuesta que impulsan a nivel federal.
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