La aplicación móvil conocida como Uber podría próximamente enfrentar una mayor regulación en México. Ciertos propietarios y conductores de taxis apoyan la medida argumentando una “competencia injusta” dado que los vehículos de Uber no tienen que pagar los costos de entrada al mercado, ni la carga regulatoria que sí se establece para los taxis convencionales. Por otro lado, Uber argumenta que no ofrece un servicio de taxis, sino una plataforma tecnológica que provee información para conectar conductores de vehículos y pasajeros registrados en este servicio. Actualmente Uber se encuentra disponible en 58 países, y ya tiene competencia por medio de aplicaciones similares como Cabify.
Uber es solamente un ejemplo dentro del fenómeno conocido como economía colaborativa, sistema en el que se facilita el intercambio de bienes y servicios por medio de plataformas digitales. Tal como “Airbnb”, que permite conectar usuarios en búsqueda de alquilar hospedaje con aquellos que desean alquilar su hogar, sin tener que pagar la cantidad de impuestos turísticos que pagan los hoteles. Lo cierto es que aún no existe un consenso internacional sobre cuáles son las mejores prácticas para regular la economía colaborativa, o bien, sobre si se debería de regular o no.
Ante la posible regulación de Uber, resaltan las particularidades del contexto local. Actualmente en México D.F., la Secretaría de Movilidad tiene la encomienda de verificar que la prestación del servicio de taxi se realice garantizando la seguridad y confort de los usuarios. Esta premisa comúnmente no se cumple, además de existir un mercado estimado de 20 mil taxis ilegales, que a diferencia de Uber no pagan formalmente impuestos, pero sí otorgan dinero en efectivo de manera discrecional a las autoridades, al igual que el resto del comercio informal. Por otro lado, el poder discrecional con el que cuenta la autoridad para regular este mercado, facilita la corrupción desde la asignación de placas, en la renovación del tarjetón, y hasta en los operativos de revisión.
A pesar de esto, aquellos que ya pagaron el costo de contar con una concesión abogan fuertemente por mantener el status quo. Y ante este contexto, existe la teoría de que el gobierno puede utilizar la regulación de Uber como una “moneda de cambio” para ganar la aprobación de este grupo de interés, perpetuando esta cadena de corrupción y apropiación de rentas por parte del gobierno. Sin embargo, está también la hipótesis respecto a que la aprobación popular de Uber podría presionar al gobierno para que este servicio continúe, sin modificaciones importantes.
Las plataformas tecnológicas como Uber cubren una demanda por un mayor número de taxis seguros y de calidad, sin requerir la regulación gubernamental. El sistema de GPS digital sustituye al de taxímetro, que es fácilmente alterable, y además no permite rastrear la unidad para una mayor seguridad del usuario. El medio de pago electrónico reduce la posibilidad de un asalto. Y el archivo digital con la información del conductor y vehículo, sustituye al tarjetón físico que también puede ser falsificado. A pesar de que esta tecnología no es perfecta, la experiencia previa indica que una mayor regulación gubernamental sobre estas aplicaciones no mejoraría la seguridad o calidad del servicio para los usuarios, aunque sí representaría un beneficio para los grupos de interés afectados. Sin embargo, sí se requiere una mejora regulatoria que eleve los estándares de seguridad y de calidad de todo el mercado de taxis, así como de las concesiones del transporte público que son las verdaderamente utilizadas por la mayoría de la población, aspecto primordial, antes de pensar en regular la innovación tecnológica en este sector.
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