La respuesta ya no nos pertenece. Hoy es un asunto de los jueces. A los demás sólo nos queda esperar y acatar.
El Tribunal Electoral no ha dictado sentencia definitiva. El sábado pasado sólo resolvió un incidente de previo y especial pronunciamiento, es decir, una diligencia procesal, en la que decidió abrir 11,839 paquetes electorales, en 149 distritos, de 26 entidades federativas.
Los siete magistrados electorales resolvieron, por unanimidad, uno de los temas más controvertidos de la elección, lo referente a la solicitud de la coalición Por el Bien de Todos, de contar voto por voto y casilla por casilla, pero todavía no han entrado al fondo de la causa.
Es claro que el Tribunal no obsequió, en sus términos, la petición de abrir todos los paquetes electorales, pero decidió abrir un porcentaje, que involucra un número de votos un poco superior a 9% del total emitido el 2 de julio, cuando, debemos recordarlo, la diferencia entre el primero y el segundo lugares es de tan sólo 0.59 por ciento.
El razonamiento del Tribunal fue muy escrupuloso y mostraron un sólido trabajo jurídico y un buen cálculo político.
Jurídicamente, su razonamiento es impecable. No obsequian la apertura total de los paquetes, por el argumento genérico planteado por la coalición de que había dolo y problemas aritméticos en el cómputo desarrollado en las casillas.
Finalmente, el Tribunal concluye que más de 90% de los ciudadanos que contaron los votos, en presencia de los partidos, durante la jornada del 2 de julio, actuaron de buena fe y que, por lo tanto, no ha lugar a la descalificación genérica de que esta elección fue un fraude. Esto es muy relevante.
Pero, al mismo tiempo, sí reconocen los casos concretos, impugnados por la coalición Por el Bien de Todos, sustentados en pruebas suficientes, en los que es necesario abrir los paquetes para realizar nuevamente el cómputo o disipar cualquier género de dudas. Lo que representa casi 10% del total. Con lo que, finalmente, se construye una decisión equilibrada y razonable.
Políticamente, los magistrados blindan al Tribunal actuando como jueces. Se colocan por encima del conflicto político y al margen de presiones, discursos, gritos y movilizaciones y deciden lo que consideran correcto y apegado a derecho.
Aíslan la exigencia del voto por voto y adelantan su resolución. Deciden con tres semanas de anticipación, de manera colegiada, lo que se ha vuelto el centro del debate político, y hacen valer la fuerza que tienen, y que conservan, para resolver el fondo de la causa en un sentido o en otro.
Es muy importante advertir cómo operó en esta decisión el Tribunal. El criterio es elemental, ellos actúan estrictamente conforme a derecho. Los conflictos que se presenten, más allá de las paredes del TEPJF, son asuntos que deben resolver los políticos. En este momento, a los magistrados les corresponde actuar conforme a derecho y hacer valer los principios consignados por la Constitución para las elecciones.
La reacción de la coalición fue, por supuesto, de desacuerdo, porque querían el cómputo total de votos, asumieron una posición crítica, pero hasta cierto punto cauta y moderada. A pesar del enojo, de las mantas en el Periférico y los gritos con la consigna: “Si no hay solución, habrá revolución”, no hubo una descalificación absoluta del Tribunal. ¿Por qué?
La razón es obvia, la coalición comprendió, muy rápidamente que, a pesar de todo, el TEPJF no ha resuelto en definitiva y no ha entrado a conocer el fondo del asunto.
López Obrador sabe bien que pedirle al Tribunal que cambie su criterio con respecto al voto por voto, bajo el argumento de que, si ellos lo dictaron, ellos pueden corregirlo, es ocioso. El TEPJF difícilmente cambiará su punto de vista en esta cuestión, por dos razones: la primera es que se trata de un tema ya valorado y juzgado y, la segunda, el factor tiempo, que, ahora sí, se convierte en un obstáculo que juega en contra de dicha petición. La exigencia del voto por voto es ya sólo una consigna política, de poca viabilidad jurídica.
El tema sustantivo en este momento es la calificación de la elección. Ese es el fondo. El TEPJF puede declarar o no válida la elección presidencial.
Las preguntas que va a responder el Tribunal son: ¿Fue una elección equitativa? ¿Fue libre? ¿Se manifestó con claridad la voluntad ciudadana? ¿Influyó el Ejecutivo? ¿Hubo un sesgo de los medios de comunicación? ¿Hubo imparcialidad? ¿Se actuó con objetividad? ¿Se actuó con legalidad?
En síntesis, la pregunta que tiene que resolver el Tribunal es muy concreta: ¿Hay elementos suficientes para conocer con claridad cuál fue la auténtica voluntad de pueblo de México en las elecciones del pasado 2 de julio?
Esa es la pregunta final del Tribunal. La respuesta ya no nos pertenece. Hoy es un asunto de los jueces. A los demás, sólo nos queda esperar y acatar.
Si lo que queremos es una democracia de instituciones y con futuro, debemos confiar y respetar lo que resuelvan los jueces.
Ojalá valoremos lo que significa este momento en la historia de nuestra democracia.
e-mail: sabinobastidas@hotmail.com
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