La decisión del gobierno de Calderón de involucrar al ejército en la lucha contra el crimen organizado se entendía desde la lógica de una estrategia temporal en un caso de emergencia. Sin embargo, tres años después se sabe que esto es una carrera de resistencia y surgen cuestionamientos legítimos tanto de la opinión pública como de organismos internacionales. ¿Por qué los abusos del ejército contra la ciudadanía son juzgados por tribunales militares y no civiles? y ¿quién va a defender las garantías individuales ante abusos del ejército? Al respecto el reporte de Human Rights Watch es bastante claro: en los últimos tres años las violaciones de derechos humanos cometidos por los militares se han multiplicado por seis y los tribunales militares no han sancionado dichos abusos. La punta del iceberg es el riesgo de que no se aprueben los fondos del Plan Mérida. El verdadero problema es un gobierno federal atrapado entre un ejército que seguirá cometiendo atropellos contra la ciudadanía y la falta de otras alternativas, en particular, cuerpos policiales capaces de combatir el crimen organizado y proteger a la ciudadanía.
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