A raíz de acontecimientos recientes en materia de secuestros, se anunció: la creación de la unidad antisecuestro que incluye apenas 300 agentes; la desaparición de la Policía Judicial del DF –sujeto a aprobación de la Asamblea; se fortaleció la Plataforma México que busca mejorar el intercambio de información entre autoridades; y se realizó un llamado, de parte del mismo gobierno, a que todos los servidores públicos se sumen a un Acuerdo Nacional por la Legalidad y la Seguridad. La Estrategia de Seguridad Nacional se desvanece en declaraciones y medidas que poco nos dicen sobre los resultados. No se trata de proponer la cadena perpetua o la pena de muerte sino de atacar los ejes principales que propician un entorno fructífero para el crimen organizado: la compenetración política, la impunidad y la falta de cuerpos policiacos calificados.
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