El caso Citigroup-Banamex es de toral importancia para el futuro de México, porque fijará un precedente que tiene el potencial de subordinar el sistema de pagos a intereses de gobiernos extranjeros (aunque sea temporalmente). La responsabilidad de la autoridad competente, en este caso Hacienda, es cumplir el Estado de Derecho; pero ¿qué hacer cuando éste resulta ambiguo o contradictorio? La Ley que regula el sistema financiero establece que ninguna autoridad extranjera podrá poseer más de 10% de un banco que opere en México; por su parte, la Ley que respalda al TLCAN -que tiene mayor peso jurídico que la anterior- avala exactamente lo contrario. Lo más probable es que impere la segunda ley. Pero, tampoco existe seguridad sobre si Citi se quedará con Banamex, ya que probablemente se verá en la necesidad de venderlo si su situación financiera se sigue deteriorando. El dilema, entonces, se reduce a dos opciones:
1. Que Banamex se venda al mejor postor (sin importar su origen).
2. Que se venda al mejor postor mexicano.
¿Qué es mejor para México? Definitivamente la segunda opción. Pero esa no sería la mejor para Citi pues implicaría un menor valor de venta dada una subasta menos competida; lo que nos deja sólo una alternativa.
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