La designación de Arturo Chávez Chávez como Procurador General de la República resultó en una tormenta que ninguno de los actores involucrados esperaba. Chávez, cercano a Santiago Creel, Diego Fernández de Cevallos y otros actores prominentes del sexenio pasado, fue objeto de una recomendación “personalizada” de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por el tema de los feminicidios en Ciudad Juárez y en general severas críticas se han hecho a toda su gestión como Procurador de Justicia de Chihuahua. Esto y su bajo perfil deberían haberlo descalificado para el puesto, pero la reticencia de abogados de mejor perfil a asumir el cargo en una Procuraduría en plena reorganización, además de los retos operativos, obligó a recurrir a la “segunda línea”.
Se pensó en un principio que el cabildeo previo del Gobierno Federal permitiría una ratificación sin sobresaltos. No fue el caso: las organizaciones no gubernamentales de Chihuahua, con el apoyo de un puñado de actores nacionales y europeos –acompañados del silencio de los ombudsman que están buscando nuevos horizontes laborales– se las arreglaron para incrementar el costo de la ratificación sensiblemente. Es muy poco probable que el PRI en el Senado rechace abiertamente una designación presidencial que ya se hizo pública, pero por lo pronto ganó tiempo para encarecer su apoyo –o simplemente el abstenerse para abrirle paso a Chávez sin legitimarlo– lo que debilita al probable Procurador.
Mal por los derechos humanos, que en Chávez no encontraron eco en Chihuahua. Mal por la PGR, que tendrá una cabeza débil que no podrá defender sus intereses en el Gabinete frente a la reforzada Secretaría de Seguridad Pública Federal. Y mal por el Gobierno de Felipe Calderón, que entra en la recta final del sexenio aislado y sin capital humano, cediendo la estafeta en un tema que le es particularmente caro: la procuración de justicia.
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