El 11 de junio, Ulises Alberto Grajales, candidato del PRI a diputado federal por el distrito X en Chiapas, asesinó en la cabecera municipal de Villaflores a un individuo mientras éste destruía propaganda del priista. Un episodio que parecería atípico en otros estados, en Chiapas parece un hecho casi natural, característico de una entidad bronca en términos político-electorales, económicos y sociales. La entidad más meridional del país no sólo se caracteriza por su mosaico diverso de comunidades indígenas y la presencia de un puñado de familias caciquiles de origen europeo, sino también por su latente riesgo del surgimiento o reaparición de grupos anti-sistema, la existencia de zonas de migrantes claramente ingobernables, una alta penetración del narcotráfico, y constantes riñas entre grupos religiosos. Desde la llegada del EZLN a la escena nacional en 1994, los mandatarios chiapanecos han sido beneficiados por importantes inyecciones de recursos desde el gobierno federal, a fin de hacer frente a posibles focos de inestabilidad. El actual gobernador, Juan Sabines, no ha sido la excepción. Entre 2006 y 2010, las aportaciones federales al estado se incrementaron en 23%, mientras que la deuda pública habría aumentado más de 1200% en los últimos seis años. Asimismo, el sexenio sabinista ha visto un alza de 32% en su gasto corriente –que incluye sueldo y prestaciones a funcionarios, gastos operativos, subsidios y transferencias. En contraste, el gasto en inversión disminuyó en 21%, un hecho duro que explica por qué el crecimiento económico ha sido tan limitado pese a las nada despreciables cifras de entrada de recursos a la entidad.
Bajo este contexto y múltiples denuncias por parte de empresarios, periodistas y ciudadanos, en materia de derechos humanos y críticas a la centralización del poder del gobierno de Sabines, se llevará a cabo el próximo 1 de julio la elección de gobernador, 118 presidentes municipales, y 40 diputados del congreso local (24 uninominales). Según las encuestas (Parametría y Buendía & Laredo), Manuel Velasco Coello, senador con licencia del Partido Verde Ecologista de México (y nieto de un exgobernador), tiene una muy amplia ventaja en las preferencias para la elección de la gubernatura, con más de 40 puntos por arriba de María Elena Orantes (hasta hace unos meses senadora del PRI) de la coalición de izquierda. En este sentido, la candidatura de Velasco tiene dos vistos buenos relevantes: su postulación en alianza con el PRI y el beneplácito del gobernador Sabines, quien llegó al poder en 2006 bajo una coalición de izquierdas. Aunado a la capacidad de centralización de poder de Sabines en la entidad, la candidatura de Velasco se ha fortalecido por la división y debilidad de la oposición en la entidad. Mientras que la salida de Orantes del PRI no fracturó la disciplina partidista, sí ocasionó una migración de perredistas afines a Sabines hacia las filas del PVEM, lo cual también ocasionó un enfrentamiento en tribunales entre las dirigencias estatal y nacional del PRD. Si bien el respaldo de López Obrador a la candidatura de Orantes pudo darle cierto impulso, éste dista de ser suficiente para acortar distancias con Velasco. Tampoco se debe olvidar que otros aliados detrás de Sabines y Velasco son Enrique Peña Nieto y Luis Armando Melgar. Este último es candidato al Senado por la coalición PRI-PVEM, ex director de Proyecto 40 (TV Azteca) y ex presidente de Fundación Azteca en Chiapas, es decir, con la marca plena del Grupo Salinas. Melgar ha sido señalado como pieza fundamental en la articulación de la candidatura de Velasco, además de ser clave para el desarrollo de diversos proyectos en la entidad que, aun cuando tienen participación de otros entes corporativos como Carso y Banamex, están vinculados con las empresas de Ricardo Salinas Pliego.
La potencial victoria de Velasco tendría implicaciones más allá de lo local. Recordemos que, dado el acuerdo de coalición con el PRI, el PVEM requiere conseguir un número de votos determinado para posicionarse tanto como partido político nacional –principalmente por cuestiones de acceso al financiamiento público— y a fin de obtener un porcentaje adecuado de legisladores federales plurinominales. La “campaña verde” de Enrique Peña Nieto ha tenido un impulso muy fuerte en Chiapas. Del mismo modo, cabe indicar cómo varios personajes vinculados con Grupo Salinas han encontrado en el PVEM una puerta abierta a sus aspiraciones políticas. Si a ello se le suma la capacidad de penetración de los proyectos y empresas de dicho grupo empresarial (por ejemplo, Elektra, Banco Azteca, Salinas y Rocha, y hasta el equipo de futbol profesional con sede en Tuxtla Gutiérrez), el Partido Verde y sus aliados podrían estar consolidando un reducto particular en aquel estado. Nadie da paso sin huarache…
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