Como se ha podido constatar en la serie “Una mirada a lo local”, la tendencia de triunfos electorales del PRI a nivel estatal y municipal –sólo interrumpida por las coaliciones entre PAN y PRD de 2010 en Sinaloa, Puebla y Oaxaca—tiene buenas probabilidades de continuar el próximo 1 de julio. Aunque las encuestas publicadas previas a la veda electoral mostraban escenarios reñidos en un par de estados rumbo a la renovación de sus gubernaturas, el PRI podría ganar al menos 4 de 7 ejecutivos estatales. Esto significaría que ese partido gobernaría en el 75% de los estados. El panorama en cuanto a los municipios es bastante similar. Esto coloca al país ante un escenario de bajo nivel de pluralismo. Dados los antecedentes históricos de México, en particular recordando la experiencia del régimen autoritario, ¿cuáles podrían ser las implicaciones de una nueva hegemonía del PRI en los tres niveles de gobierno para la consolidación de nuestro atropellado sistema federal?
Desde 1917, el sistema político en México se ha definido como una república representativa, democrática y federal compuesta por estados libres y soberanos. Sin embargo, la promesa federalista mexicana ha estado incumplida desde que fue acuñada por primera vez en la Constitución de 1824. El federalismo sui géneris emanado de la Revolución sólo fue la continuación de un devenir histórico forjado en el desorden de un sistema político con orígenes muy accidentados. Durante las siete décadas del régimen priista, el ejecutivo federal centralizó el poder de la Federación por medio de facultades meta-constitucionales (en realidad la capacidad de imposición que el PRI, como sistema de control político hacía posible) que le permitían, por ejemplo, intervenir directamente en el nombramiento de gobernadores y de “palomear” candidaturas (que en algún tiempo equivalían a designaciones) para asientos en el Congreso. Con la alternancia en el gobierno federal de 2000, el federalismo prometía revitalizarse producto de la consolidación del pluralismo político ya en desarrollo en la década de 1990. Al ser el presidente Fox de un partido distinto al que mayoritariamente dominaba las gubernaturas estatales y las presidencias municipales, el titular de la Federación dejaba de ser a su vez el centralizador de la misma. En adición a lo anterior, el “divorcio” entre el PRI y la presidencia eliminó las facultades extra legales de antaño. Así, las condiciones estaban sentadas para el establecimiento de un sistema de contrapesos propio de un esquema federal. Sin embargo, en lugar de operar un régimen de interacción entre los estados y la Federación donde esta última estipulara lineamientos generales respetados por los anteriores, las entidades se convirtieron en pequeños feudos donde la soberanía llegó a convertirse, en no pocos casos, en libertinaje.
Aunque es verdad que no todos los estados se comportan de igual forma, al analizar las dinámicas locales se puede concluir que la democracia a nivel local todavía deja mucho que desear. En la mayoría de los estados aún no existen contrapesos pues las de por sí débiles oposiciones dentro de los legislativos estatales suelen ser cooptadas por el partido mayoritario –a la vieja usanza. Algo parecido ocurre con los titulares y consejeros de los órganos autónomos estatales (institutos electorales y de transparencia), ya que su aprobación pasa por el ejecutivo y el legislativo locales. Asimismo, los medios de comunicación en los estados no gozan, en muchas ocasiones, de las mismas libertades que a nivel nacional y padecen fuertes presiones desde la autoridad. En cuanto a la relación con la Federación, el endeble federalismo fiscal todavía da espacios para el ejercicio de cierto control sobre los estados. Sin embargo, los rampantes endeudamientos de gobiernos locales como el de Coahuila pueden dar pie a pensar en que mayores controles en este sentido serían deseables. En suma, el sempiterno problema del federalismo mexicano ha sido no poder encontrar los equilibrios necesarios para su adecuado funcionamiento. La respuesta frente a los conflictos emanados de esta falla ha sido, históricamente, la centralización de facto.
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