El 1 de julio de 2012, los yucatecos decidirán quién sucederá como su gobernador a la priísta Ivonne Ortega Pacheco. Asimismo, Yucatán renovará sus 106 ayuntamientos, 5 diputaciones federales, 3 senadores y 25 diputados locales –15 por mayoría relativa y 10 de representación proporcional. En las últimas décadas, los comicios en Yucatán han sido disputados básicamente entre PRI y PAN. De hecho, en la última elección para gobernador en 2007, los partidos de izquierda no superaron el 3% de la votación total efectiva. Así, la competencia por la gubernatura y el principal municipio del estado, Mérida –donde junto con el municipio conurbado de Kanasín, se concentra cerca de la mitad de los habitantes de la entidad— está entre panistas y priístas. En la más reciente encuesta de Servicios Peninsulares de Mercadotecnia (SPM), Nerio Torres Arcila (PRI) se encontraba como puntero con 41.1% de las preferencias para presidente municipal de Mérida, seguido de Renán Barrera Concha (PAN) con el 19%. Rumbo a la gubernatura del estado, Rolando Zapata Bello (PRI) lleva el 48.9% de la intención de voto, frente a 21.3% de Joaquín Díaz Mena (PAN).
En el PRI, parece existir una relativa confianza respecto a su búsqueda por refrendar la gubernatura y la presidencia municipal meridense. El priismo local se ha visto fortalecido en los tiempos recientes por dos razones. En primer lugar, existe la herencia de una buena gestión de la gobernadora Ortega en los dos rubros más importantes reconocidos por la ciudadanía: seguridad y desarrollo económico. En el último sexenio, Yucatán se ha colocado entre las primeras cinco entidades del país con menor número de delitos de alto impacto –particularmente homicidios y secuestro. Asimismo, cabe reconocer que ese estado peninsular es uno de los más adelantados en cuanto a la implementación de la reforma penal de 2008. Lo cierto es que la delincuencia organizada en tierras yucatecas, donde el puerto de Progreso solía ser un importante nodo de trasiego del narcotráfico, ha ido trasladándose a la Riviera Maya de Quintana Roo. Por otra parte, durante el quinquenio de Ortega, el PIB de la entidad creció por arriba del PIB nacional; Yucatán ganó en competitividad según la clasificación del dictamen Doing Business México 2012 al pasar del lugar 22 (2009) al 16 (2011) –sobretodo en los rubros vinculados con la apertura de empresas como el número de trámites y tiempos y costos—; la expectativa de crecimiento en el mediano plazo es buena ya que, de acuerdo a estimaciones del Grupo BBVA, será de entre 3 y 3.6%. Además, la mencionada encuesta de SPM arrojó que 34% del electorado espera una mejora en la economía yucateca para los próximos 12 meses.
En segundo lugar, aunque el PRI no tuvo la gubernatura en el sexenio del panista Patricio Patrón Laviada (2001-2007) y su estructura de poder se vio debilitada con la caída del cacique tradicional del estado, Víctor Cervera Pacheco –quien fue gobernador 10 años en periodos no consecutivos (1985-1988 y 1995-2001)—, el llamado “cerverismo” ha literalmente vuelto a la vida. La muerte de Cervera en 2004, tras haber fracasado en su intento de ganar la alcaldía de Mérida, generó una crisis en las cadenas de mando dentro del priismo yucateco. Sin embargo, algunos escándalos judiciales que involucraban a familiares de Patrón, aunado a una ruptura dentro del liderazgo del PAN local, encarnados en la salida del partido de Ana Rosa Payán –dos veces alcaldesa de la capital estatal—, abonaron a la debacle de Acción Nacional. Cuando Patrón dejó el cargo, el PRI estuvo listo para asumir la gubernatura con Ivonne Ortega, sobrina de Cervera. Hoy, Ortega no sólo ha logrado consensuar la candidatura del popular Rolando Zapata para sucederla, sino que colocó a su protegida Angélica Araujo (alcaldesa de Mérida con licencia) y a Felipe Cervera Hernández (hijo de don Víctor) en la fórmula priísta para el Senado.
Finalmente, las implicaciones del retorno de una especie de “cerverismo recargado” no son menores. El dominio priísta en el congreso estatal incidió, entre otras cosas, en la designación de varios consejeros del Instituto de Procedimientos Electorales y de Participación Ciudadana de Yucatán (IPEPAC). Además, la gestión de Angélica Araujo en la capital ha disminuido la presencia panista en ese fundamental municipio. Esto ha estado enmarcado incluso por algunos incidentes violentos. Por ejemplo, en julio de 2011, la senadora Beatriz Zavala (PAN) denunció agresiones en su contra durante una protesta ciudadana en oposición a una obra impulsada por Araujo. El incidente no pasó a mayores. Sin embargo, podría no ser casual que Zavala, quien se perfilaba para contender por la gubernatura o, al menos, para volver a intentar ganar la alcaldía de Mérida que perdió con Araujo en 2010, mejor decidiera ir a la Cámara de Diputados por la vía plurinominal. En suma, podría no haber nada nuevo bajo el sol del Mayab.
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