El investigador del Cidac y autor de “la reforma Cautiva. inversión, trabajo y Empresa en el sector eléctrico mexicano”, puntualiza los aciertos y desaciertos de la iniciativa de reforma en energética del Ejecutivo Federal.
Lo bueno
Aborda por primera vez en décadas un tema vedado para las políticas públicas mexicanas: la participación privada en el sector petrolero.
Lo hace de una manera modesta y concentrándose en áreas donde el statu quo de Pemex es muy deficiente, como refinación, ductos, contratación de servicios especializados para exploración y producción, por lo que resulta políticamente complicado cuestionar la conveniencia de la reforma.
El paso que está dando Felipe Calderón recuerda algunas de las primeras reformas económicas de Miguel de la Madrid, notablemente modestas en su alcance inicial, pero trascendentes porque rompieron tabúes arraigados en la opinión pública y abrieron el camino a las reformas económicas de la administración de Carlos Salinas, que fueron más ambiciosas.
Los opositores a la reforma petrolera tienen razón al sentir temor, pero si al paso del tiempo se demuestra que la participación privada no sólo no debilita, sino que fortalece a Pemex –como en el caso de la CFE–, la población apoyará, y los políticos permitirán, reformas de mayor alcance en el futuro.
Lo malo
Algunas de las partes relativas a la administración y el gobierno corporativo de Pemex parecen diseñadas por burócratas para burócratas.
Aunque se incluye la retórica derivada de las mejores prácticas internacionales de gobierno corporativo, algunos elementos clave están ausentes.
Muchas de las camisas de fuerza burocráticas y los conflictos de interés que atan la operación de Pemex siguen en su lugar.
Aunque tiene una función-objetivo empresarial, el Consejo de Administración sigue careciendo de facultades fundamentales para lograrla. Un claro ejemplo son los conflictos de interés en la integración de este consejo.
Los nuevos “consejeros profesionales” no tienen garantías para ser verdaderamente independientes, y algunas de las causales de remoción parecen haber sido diseñadas para ser aplicadas de manera arbitraria.
Pemex y sus subsidiarias siguen siendo organismos descentralizados y regulados por la arcaica Ley Federal de Entidades Paraestatales.
Aunque tendría mayor libertad para manejar su presupuesto, contratar deuda, servicios y obras públicas, Pemex está sectorizada bajo la Secretaría de Energía, cuya titular preside su consejo. También está sujeta a la tutela administrativa de Hacienda y a la fiscalización de la Secretaría de la Función Pública.
De hecho, es posible que la operación de Pemex y sus subsidiarias se complique con las nuevas instancias burocráticas introducidas por la reforma, ya que trata de armonizar mecanismos de administración y control tradicionales (“tutela administrativa” francesa) y modernos (las mejores prácticas de gobierno corporativo), que son difícilmente compatibles.
Los conflictos de competencia se multiplicarán. ¿Dónde comienzan las facultades del Comité de Transparencia y Auditoría, y dónde terminan las de la Secretaría de la Función Pública?
Más aún, la vocación burocrática resulta preocupante: ¿por qué crear una nueva Comisión del Petróleo cuando hubiera sido más barato para los contribuyentes y sano para fortalecer al regulador sectorial, adicionar las facultades de la CRE?
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