Tras los resultados del próximo domingo será necesario un recuento de lo que salió mal en el proceso electoral y de los pendientes de la legislación resultante de la reforma político-electoral de 2013. Los acontecimientos de este proceso electoral han impulsado importantes preguntas que se pueden plantear en dos dimensiones. La primera de ellas son las disposiciones en torno a la figura de los candidatos independientes. Durante el proceso electoral, el desempeño del candidato independiente Jaime Rodríguez Calderón, “El Bronco”, en Nuevo León ha hecho evidentes algunos vacíos regulatorios en materia de equidad electoral, específicamente en la forma de financiamiento público y privado en campañas electorales.
Mientras los candidatos postulados por partidos políticos se encuentran sujetos a una serie de reglas estrictas y definidas sobre gasto y financiamiento, los candidatos independientes están en un esquema ambiguo sobre los límites de gasto y las normas de fiscalización que deben seguir. Tan sólo hace una semana, en el caso particular de Nuevo León, el Consejo Estatal Electoral definió los topes de campaña del candidato a gobernador, el cual se fijó conforme al mismo tope presupuestario que los candidatos de los partidos políticos. La llegada de esta determinación a tan solo unas semanas de las elecciones implicará que, para el caso de las candidaturas independientes, sea muy probable que se presenten montos de financiamiento privada por arriba del permitido. Las resoluciones que se han dado sobre la marcha del proceso electoral y la falta de sustento legal para resolverlas, traerá serios cuestionamientos sobre la equidad efectiva de la contienda. Los fundamentos para desestimar los resultados electorales por parte de quien resulte perdedor están puestos.
En segundo lugar, las elecciones pondrán a prueba el nuevo modelo de fiscalización de los partidos políticos del INE. Gracias a la reforma, el Instituto está facultado para fiscalizar las campañas federales y locales de forma expedita y no hasta el término de la elección como se hacía anteriormente. Las próximas semanas, la efectividad de esta fiscalización estará en riesgo no sólo por la insuficiencia de infraestructura y capital humano, sino también por la ausencia regulatoria que no norma el carácter reiterado de algunas de las faltas de partidos políticos.
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