Felipe Calderón realizó su última gira de trabajo por los Estados Unidos. El motivo del viaje fue la entrega del Premio Insignia Dorada que fue otorgada por el Consejo de las Américas al Presidente como reconocimiento por los avances registrados durante el sexenio respecto a temas como migración, salud, pobreza y lucha contra la delincuencia. La noticia fue acompañada en los medios mexicanos por otra en la que se anunciaba una denuncia en contra del ex Presidente Ernesto Zedillo, ante una corte federal estadounidense, por la comisión de crímenes de lesa humanidad. La demanda señala al ex Presidente como responsable de la masacre de 45 indígenas, a manos de un grupo paramilitar, hace catorce años en Acteal, Chiapas.
Si bien, el caso de Acteal ya cuenta con una sentencia firme en México, víctimas y familiares de la matanza recurrieron a un par de despachos en EU para reclamar el pago de daños y perjuicios vía una demanda civil, la pregunta obligada es por qué EU puede decidir sobre hechos que sucedieron en otro país, a extranjeros y que, además, ya han sido juzgados. La respuesta es que, a principios de la década de los noventa, dos estatutos entraron en vigor en EU: Estatuto de Reclamación por Agravios contra Extranjeros y el Estatuto de Protección a Víctimas de Tortura. Estos instrumentos permiten a los extranjeros que hayan sido víctimas de actos de tortura y crímenes de guerra en otros países demandar a sus victimarios ante los tribunales estadounidenses, siempre que el responsable de los hechos resida también ahí. A pesar de que la demanda puede no prosperar -ni es suficiente para transmitir alarma- y surjan voces de una posible intencionalidad política dado el contexto electoral, lo cierto es que recuerda un punto de coincidencia entre Calderón y Zedillo: el uso de las fuerzas armadas para solucionar un conflicto interno.
El problema no es utilizar al Ejercito como un último recurso para hacer frente a una emergencia de seguridad. El peligro está en hacerlo cuando no se cuenta con un marco jurídico que defina atribuciones y una línea de mando clara para que, si algo sale mal, el responsable sea castigado de manera inmediata. Hace catorce años, la ausencia de reglas y de capacidades en la procuración de justicia, derivó en la fabricación de pruebas falsas, por parte de la Procuraduría General de la República, para culpar a chivos expiatorios -tal como lo descubrió la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando liberó a más de veinte indígenas acusados injustamente después de haber pasado diez años en prisión. Hoy, el panorama, en términos de capacidades institucionales no es muy distinto y, por ello, el uso del Ejercito siembra la duda sobre quiénes, cómo y cuándo asumirán las responsabilidades que deriven de esta lucha contra el crimen organizado. Otra ventana para que las responsabilidades de la presente administración trasciendan la frontera se abre.
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