El reciente operativo en el estado de Michoacán contaminó la agenda del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) esta semana. La instancia, que coordina autoridades federales y estatales, sirvió en esta ocasión como plataforma para que partidos de oposición y gobierno defendieran su posición. Los gobernadores del PRD y del PRI protestaron contra el operativo enfatizando que se trataba de una estrategia electorera. El Ejecutivo defendió su estrategia y pidió unidad en la lucha contra el crimen organizado. Quedaron relegados los reclamos de la sociedad civil a la lentitud con la cual se aplican las leyes así como la necesidad de afianzar la voluntad para cumplir los compromisos adquiridos. Sin embargo, no se ha contestado aún si existen pruebas para justificar los arraigos de presidentes municipales, tampoco sabemos si el operativo fue llevado a cabo dentro del marco de la legalidad. Se perdió de vista que para el ciudadano –quien sufre las consecuencias de la impunidad día tras día– no importa si se trata o no de una estrategia electoral. Está en juego la credibilidad del Gobierno Federal frente a la ciudadanía, así como frente a los gobiernos estatales a los que pide apoyo. Está en manos del Gobierno Federal resolver las disyuntivas planteadas y sobre todo de que éste no sea un caso más de impunidad
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