Después del tan esperado anuncio sobre la ubicación de la refinería, el pasado 18 de marzo el Presidente Calderón decidió atrasar la decisión llamando a audiencias públicas bajo el pretexto de asegurar la prevalencia de los criterios técnicos sobre los políticos. La indecisión del Ejecutivo, quien ya conocía los estudios técnicos realizados por Pemex desde julio del año pasado, ha suscitado fuertes críticas por parte de la oposición. Los estudios señalaban a Tula, Hidalgo, y a Tuxpan, Veracruz, como los dos lugares donde sería más factible en términos financieros y económicos. Sin embargo, con 12 mil millones de pesos para el arranque del proyecto y aproximadamente 48 mil empleos en juego para la entidad seleccionada, gobernadores de 10 estados presentarán sus propuestas. Hasta ahora las presentaciones parecen más una discusión política que técnica, con los gobernadores citando justicia para sus habitantes y apoyo a los problemas de inseguridad a través de la creación de empleos como criterios para ser seleccionados. Si existen análisis técnicos válidos elaborados por Pemex y la Secretaría de Energía, darle cabida a los gobernadores equivale a politizar una decisión que debería ser estrictamente técnica.
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