La semana pasada se suscribió el nuevo plan del Ejecutivo para paliar los efectos de la crisis global. Las propuestas surgidas del proyecto reconocen el efecto directo de la coyuntura actual en el bienestar de las familias, materializado en el impacto esperado en el empleo y el consiguiente riesgo en seguridad social. El debate, sin embargo, migró hacia la capacidad del plan para contrarrestar la desaceleración económica. Es claro que los resultados de las acciones propuestas sólo mitigarán los efectos de la crisis al no tratarse de propuestas que resuelvan los problemas de fondo: trabas a la competencia, subsidios mal orientados y frenos a la productividad. Las voces discordantes demandan mayor gasto y también reducciones en los ingresos fiscales vía condonaciones de impuestos y menores precios en productos controlados. El gobierno defiende su plan anti crisis en tanto que este sólo hace ajustes que no impacten el balance público autorizado para 2009 (-1.8% del PIB). El riesgo está en caer en la tentación de relajar la disciplina fiscal. El año electoral agravará esta tentación, dejando al partido del Presidente con un flanco abierto para los ataques de la oposición (ver Encuesta).
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