La escalada de violencia y confrontación entre las organizaciones criminales significa un riesgo para el proceso electoral de 2009. Existe la posibilidad de que actos violentos o atentados empañen el proceso y que el crimen organizado busque penetrar en los órganos de representación política y de gobierno a través del financiamiento de las campañas y precampañas políticas. El Consejo General del IFE, ha afinado los instrumentos de fiscalización a las finanzas partidistas, cubriendo algunos huecos legales, fortaleciendo la coordinación con instancias de monitoreo financiero y sanción penal y otorgando facultades de fiscalización aleatoria y focalizada durante las campañas (y no sólo una revisión posterior a los procesos electorales, como antes). Adicionalmente, se restringen los donativos en efectivo y se ha instrumentado un registro de personas “políticamente expuestas” (candidatos, dirigentes de partido y funcionarios del propio IFE) sobre los que recaerá una especial protección y supervisión. La sociedad también tiene un papel fundamental, a través de la denuncia a cualquier candidato o partido que permita que dinero del narco entre en sus campañas. El proceso 2009 pondrá a prueba la fortaleza de las instituciones y la sociedad mexicana.
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