En este trabajo se presenta evidencia empírica que ilustra la baja efectividad de
las organizaciones de procuración de justicia en el ámbito local y se muestra cómo
las inercias operativas al interior de las organizaciones distorsionan los objetivos
formales y mandatos legales que deberían guiar el funcionamiento de las
procuradurías, prevaleciendo los intereses de facto de los grupos que interactúan
en su interior a lo largo del proceso penal. Se concluye con una serie de
propuestas de reforma para vincular los servicios de las procuradurías y sus
funcionarios al cumplimiento de los propósitos sociales de la procuración de
justicia.
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