El documental Presunto Culpable colocó una ventana en el sistema de procuración de justicia en México y puso sobre la mesa una idea devastadora a través de la historia de una persona: que esto le podía pasar a cualquiera. Pero su efímero retiro de cartelera y las reacciones desatadas revelaron también una verdad igual o más abrumadora: la ignorancia y/o desconfianza hacia las instituciones ha construido nuevos tribunales donde la opinión pública es el nuevo juez, tendencia que en poco contribuye al fortalecimiento institucional.
Blanca Lobo, Juez de Distrito, ha sido descalificada por otorgar una suspensión provisional en una demanda de amparo que consistió en detener la distribución y comercialización del documental. Pero, antes de calificar el acto como censura –y elucubrar sobre las “verdaderas” motivaciones del amparo– valdría la pena recordar que el amparo es un medio de defensa para garantizar que los derechos fundamentales de los ciudadanos sean protegidos por el Estado. Víctor Reyes, el único testigo en el caso de Presunto Culpable, promovió un amparo por considerar que una de sus garantías individuales había sido violada. La Juez, cuando se prueba la existencia de peligro de un daño irreparable, está obligada a conceder una medida temporal, en tanto se decide si existe o no una violación, y eso es parte de la legalidad que se debiera promover y no estar sujeta a consideraciones políticas.
En la lucha por incentivar la cultura de la legalidad un anacrónico reclamo de autoritarismo es un mal mensaje –si bien muy efectivo para obtener respaldo público. Si se considera que la decisión de la Juez es incorrecta se tienen a la mano medios de impugnación previstos en la ley para hacer frente a la decisión, usarlos es también promover la cultura de la legalidad.
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