La semana pasada, en el marco de la XXXII sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, lo que trascendió no fue la participación del Presidente o alguno de los gobernadores. La ausencia de avances y la incertidumbre sobre las condiciones de seguridad en las que sucederán los comicios en julio fueron los únicos acentos de las intervenciones de los ejecutivos Federal y locales. Fue Leonardo Valdés Zurita, Consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE), en su primera intervención en el Consejo, quien logró capturar la atención al poner límites precisos sobre lo que sí y lo que no se le puede pedir al IFE para garantizar que las próximas elecciones sucedan en tranquilidad: la imparcialidad de las elecciones es responsabilidad del IFE, la paz social y la seguridad es responsabilidad de cada uno de los gobiernos, en el ámbito de sus competencias.
Lo que resultó peculiar de esta sesión fue que, por primera vez, el ambiente que imperó no fue la confrontación sino la voluntad de cooperación entre los participantes. Son buenas noticias para el electorado que el ánimo de colaboración venga dado por la convicción de que la seguridad de los aspirantes a la Presidencia durante los comicios de julio dependerá de acciones coordinadas entre los tres órdenes de gobierno. Los incidentes en Michoacán o Tamaulipas justifican las precauciones de las autoridades y quizá también explican la percepción de la ciudadanía. De acuerdo con la más reciente encuesta de GEA-ISA el 48% de los mexicanos creen que el crimen organizado atentará contra alguno de los candidatos. Son malas noticias, por otro lado, que para cuando pase la coyuntura electoral las medidas de seguridad se desvanecerán y, entonces, los retrocesos en la materia cobrarán factura, ya no a los candidatos, pero sí a la ciudadanía.
En retrospectiva, el crimen organizado ha sido el gran protagonista de la gestión del Presidente Calderón. Las políticas públicas, las estrategias de seguridad y, ahora, las elecciones giran alrededor suyo. Sin embargo, el crimen organizado es sólo una porción del fenómeno de delincuencia. Existen muchas otras formas de ilegalidad que ponen en peligro a la población y, sin embargo, no figuran en la agenda inmediata de las autoridades. La debilidad del sistema de justicia en el país tiene consecuencias concretas. El caso de “El Coqueto” en el Estado de México, sirve como muestra. La primera consecuencia es que, ante la ausencia de una investigación eficaz que sancionara el primero de sus crímenes, el sujeto cometió múltiples homicidios antes de ser detectado. Segunda, que aunque fue atrapado, éste logró fugarse con enorme facilidad. Tercera, que las autoridades de aquella entidad no hayan logrado articular una explicación congruente sobre las condiciones de salud del detenido, las causas de sus lesiones y, con ello, dieran pie a especular sobre violaciones al debido proceso. Por último, que las autoridades locales busquen saciar la exigencia de justicia de los ciudadanos con la promesa de una pena vitalicia.
El hartazgo ciudadano ante la inseguridad vuelve a la sociedad mexicana proclive a consentir medidas autoritarias. Mientras más graves sean los delitos cometidos mayores serán los espacios de arbitrariedad tolerados. Lo que no habrían de olvidar candidatos y ciudadanos es que si el voto es el sistema sanguíneo de una democracia, su corazón es el sistema penal.
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