El 30 de octubre termina el periodo legal de cuatro consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE), entre ellos el Consejero Presidente. De no generarse acuerdo en la Cámara de Diputados para la renovación de estos cargos, el Instituto corre el riesgo de quedarse sin cinco de sus nueve consejeros, ya que sigue vacante el espacio que ocupaba Sergio García Ramírez. Aunado a ello, el IFE se encuentra en una coyuntura especial dada la propuesta de centralizar todos los aparatos electorales estatales en un Instituto Nacional de Elecciones (INE). Así, aunque se emitiera una convocatoria para elegir a los consejeros faltantes, su futuro podría ser incierto. ¿Qué implicaría este potencial ocaso del IFE?
Aunque no es temporada electoral, tener un IFE trunco en las próximas semanas impediría resolver decisiones sobre el proceso de redistritación que, como establece la ley, debe hacerse de acuerdo a las cifras del censo 2010. Sin embargo, los partidos políticos suelen no tener prisa cuando se trata de atender vacantes en el IFE, lo cual evidencia una de las lacras de nuestro sistema político, más dado a eternizar los pleitos entre los partidos y las de por sí cuestionables cuotas en las candidaturas que a respetar a las instituciones, en este caso electorales. Ya pasó antes de los comicios de 2012 cuando el IFE se quedó sin tres consejeros durante alrededor de un año. Hoy los incentivos son todavía menores dado el contexto de la muy probable incubación del INE. En teoría, la necesidad de integrar al IFE es inaplazable, pero los diputados federales han sido negligentes y omisos. Ni siquiera los exhortos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que los urgen a dar cumplimiento a las disposiciones de la Constitución y el Código Electoral han surtido efecto. A fin de cuentas, esta conducta es la muestra más cruda de cómo los partidos políticos tratan al IFE como si fuera de su propiedad y no la de la ciudadanía.
Ahora, concediendo la alta probabilidad de la terminación del IFE a favor del INE, es importante destacar cómo este cambio podría generar un remedio peor que la enfermedad. El PAN, quien se erigirá como el autor intelectual del INE a través de su propuesta de reforma política (a cambio de su voto en la energética), parece estar confundiendo la reconocida relevancia de contar con un aparato electoral más confiable con la imperiosidad de recurrir al binarismo de la fórmula centralismo vs. federalismo. Y no sólo eso; Acción Nacional da una nueva bofetada a su esencia municipalista y federalista con una propuesta como la del INE. La ahora oposición no debe olvidar que la construcción del aparato electoral, conformado por el IFE y los institutos locales, fue pieza clave para la alternancia en México. El tortuoso camino que el PAN recorrió y lo acabó conduciendo en dos ocasiones a la Presidencia de la República comenzó con diputaciones locales y presidencias municipales, es decir, desde lo local. De cara a un hipotético regreso del panismo a Los Pinos, se ve complicado emprender dicha ruta con éxito en sentido inverso.
Es cierto que las instituciones electorales necesitan mejoras para fortalecer la autonomía institucional y mejorar la capacidad de organización, empadronamiento, fiscalización y control. Sin embargo, centralizar no es una panacea y preocupa que, en un esquema federalista endeble en la mayoría de los rubros (tributación, seguridad, instituciones políticas), pero clave –mal que bien—en el lentísimo proceso de construcción democrática en el país, la centralización se esté convirtiendo en una tendencia y no sólo por parte del gobierno sino también del lado de la oposición. Si centralizar es la mejor solución, ¿por qué no, a la luz de la disfuncionalidad de la mayoría de las instituciones locales –congresos estatales, tribunales, procuradurías— mejor se abandona por completo el modelo federal y se transita hacia un centralismo formal? México no sería muy ajeno a ello. Tampoco serían desconocidas sus posibles consecuencias.
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