Tras la jornada de violencia del último fin de semana de octubre en Michoacán, “coronada” con los múltiples y dispersos ataques a instalaciones estratégicas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se han generado una infinidad de especulaciones –como estila ocurrir después de esta clase de eventos—acerca de quiénes pudieran haber sido los responsables. Muchos comienzan a jugar al Ministerio Público o a la policía investigadora; otros, esgrimen complejas teorías de la conspiración; unos más, se atañen a la institucionalidad y sólo esperan las versiones oficiales. No obstante, esto sucede, entre otros factores, por la incapacidad de la autoridad por producir una mínima certidumbre en términos de gobernabilidad. Algo similar sucedió posterior a los ataques contra civiles en Morelia durante los festejos del Grito de Independencia en 2008. El gobierno calificó en un primer momento los hechos como terrorismo –aun cuando nadie los reivindicó—, después culpó al grupo delictivo de “La Familia Michoacana” –aunque sus miembros siempre lo han negado—, se capturaron a presuntos responsables –si bien su culpabilidad sea cuestionable—y, al final, hoy todo sigue tan turbio como entonces. Así, más allá de las especulaciones sobre esos delitos, los motivos y los autores, es imposible negar la responsabilidad y la ineficacia que comparten las autoridades estatales y federales a cargo del resguardo de la entidad (y del país).
Resulta inaceptable e incomprensible que a casi siete años de iniciado el escalamiento de la fuerza de fuego del gobierno contra el crimen organizado –en particular aquel vinculado con el narcotráfico y que, precisamente, empezó en el estado de Michoacán—, y con la enorme inversión de recursos humanos, materiales y técnicos para emprender dicha tarea, se hayan podido perpetrar hechos criminales de esas características. Asimismo, aun cuando no existieran los actuales niveles de violencia, ¿acaso la autoridad federal no tiene contemplada la protección de las instalaciones estratégicas de la nación como algo prioritario? A raíz de lo que pasó en Michoacán, es sensato preguntarse qué medidas extraordinarias pueden poner en práctica las autoridades y, sobre todo, cuál es la perspectiva de éxito. El despliegue de fuerzas armadas ha sido una solución con resultados fugaces y, en ocasiones, reversibles. Si a esto le sumamos que los ataques mencionados contra instalaciones de CFE se añaden a otros incidentes sucedidos en fechas recientes sobre infraestructura estratégica (explosiones –algunas sí reivindicadas—de ductos de PEMEX, fugas de combustible en Jalisco y Tabasco provocadas por la ordeña, o la tragedia de San Martín Texmelucan hace algunos meses), la situación no pinta nada bien.
La solución no está en el despliegue de más efectivos, ni en la implementación de estrategias extraordinarias. La experiencia ha demostrado que mientras se trate de medidas reactivas, las acciones podrán funcionar –en el mejor de los casos—como un paliativo. La facilidad con la que se dañaron instalaciones estratégicas en una entidad donde se supone que todas las fuerzas del Estado se hallan en alerta máxima, pone en evidencia la ausencia de un programa de seguridad integral, basado en inteligencia criminal y con capacidad para prever riesgos y actuar para disminuir vulnerabilidades. A la luz de los hechos resulta lógico, necesario y urgente resguardar la infraestructura del país y evitar que se repitan ataques en zonas de conflicto, pero queda la duda sobre qué otras vulnerabilidades no han sido reconocidas y protegidas adecuadamente. Por lo pronto, está visto que el cambio de administración a nivel federal no ha resultado en una mejor estrategia ni en mayor eficiencia en materia de seguridad pública y, mientras tanto, la paz pública, la integridad, las actividades productivas y el desarrollo de buena parte del territorio nacional y de su población se encuentran comprometidos por la operación del crimen organizado y la incompetencia cómplice de las autoridades.
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