Desde la promulgación en 2002 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, se han dado avances –aunque todavía insuficientes—en la consolidación de un sistema político que permita la efectiva rendición de cuentas y promueva la responsabilidad gubernamental sin que se vulneren otros principios, como el respeto al ámbito privado o la seguridad nacional. Bajo esta perspectiva, era prometedor el proyecto legislativo aprobado por unanimidad en el Senado a finales de 2012, pues perfilaba al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) como un órgano con fortalezas más allá del gastado discurso de la autonomía. En el proyecto enviado a la Cámara de Diputados, se encontraban características que robustecerían la independencia del IFAI, además de incluir como sujetos obligados de la ley a entes que se han beneficiado del gasto público bajo el halo de la opacidad y, en no pocos casos, del abuso: sindicatos y partidos políticos. Sin embargo, en este último punto, las comisiones dictaminadoras en San Lázaro –dominadas por legisladores del PRI— han encontrado subterfugios legales que, de aplicarse, harían de la rendición de cuentas una simulación. Éste y otros puntos podrían convertir una buena minuta emanada del Senado en un adefesio legislativo concebido por los diputados.
Si bien la autonomía constitucional del IFAI se conserva en el dictamen modificado por las comisiones de Transparencia y Anticorrupción, Puntos Constitucionales, y Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, se abre la posibilidad para que la Consejería Jurídica de la Presidencia, la Procuraduría General de la República, Banco de México y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos puedan impugnar ante la Suprema Corte las decisiones del Instituto, terminando así con su carácter de última instancia inapelable. Por si “limarle los dientes” al IFAI frente a algunas instituciones fuera poco, el proyecto de decreto incrementa la influencia de Los Pinos en el organismo mediante el proceso de designación de sus consejeros, pues el presidente podrá objetar los nombramientos que haga el Senado hasta en dos ocasiones, es decir, el Ejecutivo asumiendo un papel sui generis como contrapeso del Legislativo. Por último, se excluye a los partidos políticos como sujetos obligados ante el IFAI, preservando el esquema de supervisión actual que está a cargo del Instituto Federal Electoral –en dónde los partidos son juez y parte—, mientras que a los sindicatos los coloca en el rubro de particulares adscritos a los mecanismos de protección de datos “a cargo del ente público que señale la ley”. En lugar de corregir carencias y ausencias en la ley existente, el embate está claramente orientado a disminuir la relevancia de la transparencia. ¿Hacia adelante o hacia atrás?
A pesar de lo anterior, el proceso legislativo para el proyecto alcanzado en comisiones no será sencillo, sobre todo al tratarse de reformas constitucionales. La regresividad del dictamen podría unificar el sentido del voto de las izquierdas y del PAN, impidiendo que alcance la votación suficiente en el pleno de San Lázaro. Incluso, si logrará prosperar, es predecible que el Senado rechace un proyecto tan contrario al espíritu su propuesta original. Pero más allá de la prospectiva parlamentaria, es oportuno cuestionarnos los motivos de este intento de limitar funcionalmente al IFAI y blindar al Ejecutivo, los sindicatos y los partidos políticos. Un IFAI “desdentado” y sobajado en cuanto a sus atribuciones resultaría contradictorio (por decir lo menos) con el discurso reformista de la administración actual, en la que se promueve la eficiencia administrativa y la garantía los derechos fundamentales de los ciudadanos. La necesidad de litigar y demostrar ante tribunales que alguna información es pública, no abona en lo más mínimo a la construcción de una ciudadanía informada. Asimismo, excluir a actores políticos de su obligación de rendir cuentas, deja abierta la puerta a la permanencia de la acción irresponsable e impune de los funcionarios públicos aunque, ahora, hasta legitimada constitucionalmente.
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