El 6 de junio, durante la 43° Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA), celebrada en Guatemala, se emitió la llamada “Declaración de Antigua” donde, entre otras cosas, se exhorta a los países americanos a estudiar, con base en sus legislaciones particulares, los lineamientos del “Informe sobre el problema de las drogas en las Américas”. En dicho documento, presentado por el secretario general del organismo, José Miguel Insulza, en mayo pasado, la OEA reconoce que el debate hemisférico respecto a los estupefacientes ilegales ya presenta “una disposición a experimentar enfoques no tradicionales”, es decir, distintos al prohibicionismo. Esto da continuidad a las iniciativas de despenalización y regulación del mercado de drogas planteadas por la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, presidida por los ex presidentes latinoamericanos, Cardoso (Brasil), Gaviria (Colombia) y Zedillo (México). Así, el supuesto del fracaso de la guerra internacional contra las drogas y de la necesidad de un cambio de paradigma en la materia va adquiriendo mayor fuerza.
Hasta fechas recientes, la política prohibicionista había hegemonizado el tema. A excepción de algunos países en los cuales se estableció una regularización selectiva (como en Holanda), se permitió su uso con fines medicinales o religiosos, o se despenalizó el consumo de ciertas drogas en cantidades ínfimas –como en México—, la tónica prevalente ha sido la resistencia de los gobiernos a modificar su postura. En general, el cambio en el enfoque de las políticas gubernamentales en materia de drogas ha sido lento. A pesar de ello, cada vez más aumenta la cantidad de voces autorizadas que alientan a los gobiernos a experimentar con regulaciones alternativas. Aquí se inscriben políticas como la reciente despenalización del consumo y comercio de mariguana, con fines recreativos, en estados de la Unión Americana como Colorado y Washington. En el mismo tenor, el 8 de junio pasado, Francia dio luz verde al uso regulado de la mariguana con fines medicinales.
En el caso de la despenalización regional de la marihuana en Estados Unidos, resulta importante preguntarse cuáles serían las consecuencias y desafíos a corto y mediano plazo para México. Primero, la existencia de una política diferenciada en el país vecino, pone en serio entredicho las premisas a partir de las cuales se ha construido la política del gobierno mexicano en el tema de las drogas, cuya operación ha costado miles de millones de pesos al erario. La descoordinación en los ritmos y magnitudes del abandono del prohibicionismo puede generar conflictos colaterales derivados de los ajustes de los mercados ilegales y de la delincuencia vinculada con el narco. Esta última podría optar por la diversificación del crimen, ya que su lógica operativa no es en términos de “envenenar a la sociedad” sino de, simplemente, tener una fuente fácil y rápida de dinero con cualquier actividad que ofrezca esa oportunidad. Por lo pronto, en Antigua, la postura oficial mexicana siguió siendo reticente a una eventual legalización de la mariguana.
Si bien la asamblea de Antigua no prescribió acciones concretas para dar un “golpe de timón” contundente hacia el cambio de paradigma, el hecho de reconocer la imperiosidad de estudiar enfoques alternativos al fenómeno de las drogas (y no haber encontrado una oposición tan vehemente en la delegación estadounidense), ya es en sí un avance. De cara al futuro inmediato, entre los principales elementos del debate continuarán estando el componente moral y los prejuicios acerca del uso de drogas, cuyo efecto no sólo se debilita poco a poco, sino que distrae la atención de la problemática fundamental del consumo, es decir, su gravedad como problema de salud pública –sin mencionar, por supuesto, sus implicaciones en el recrudecimiento de la violencia.
Quizá lo más importante de la reunión en la ciudad guatemalteca es su carencia de realismo respecto a los problemas de violencia que aquejan a la región. Si bien hay buenos argumentos para la legalización de algunas drogas, no hubo uno solo para el desarrollo de sistemas policiacos o judiciales modernos cuya ausencia es, a final de cuentas el problema principal de países como los centroamericanos y México. En una palabra, el problema no son las drogas sino la ausencia de Estado. La legalización de algunas drogas (sólo se propone la mariguana, no su prima más rentable, la cocaína) podría, potencialmente, reducir los recursos de que disponen las mafias del narcotráfico, sólo un Estado fuerte con capacidad de mantener la ley y el orden va a cambiar la realidad de violencia de estas naciones.
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