El proyecto de sentencia presentado por el Ministro Arturo Zaldívar la semana pasada, en el que se propone la liberación inmediata de Florence Cassez -acusada de secuestro y delincuencia organizada- se discutirá el 21 de marzo en la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJN). Zaldívar, con sólo dos años como Ministro, ya ha logrado colocar a la Corte como un verdadero contrapeso ante las actuaciones del Poder Ejecutivo. Primero, responsabilizado a funcionarios del IMSS con el caso “Guardería ABC” y, ahora, evidenciando las violaciones al debido proceso cometidas por la Agencia Federal de Investigación (AFI) durante la detención de Cassez. Este caso, polémico en cualquier circunstancia, resulta particularmente controversial en un sexenio que ha hecho la lucha contra el crimen organizado su bandera. A pesar de que la discusión se ha enfocado en la culpabilidad de la francesa, el proyecto de sentencia poco o nada tiene que ver con probar la inocencia de Cassez y, en cambio, se centra en una cuestión trascendental para una democracia: las consecuencias de violar el debido proceso penal.
Uno de los tres principales argumentos que sostiene Zaldívar en su proyecto es que el Estado mexicano no ofreció asistencia consular a la detenida. Y aunque esa violación, en sí misma, no da pie a su liberación, resulta necesario poner en perspectiva que México lleva más de una década pugnando para que los derechos consulares de los mexicanos sujetos a un proceso penal en E.E.U.U. sean respetados. Incluso, en 2003, llevo el caso de más de cincuenta mexicanos sentenciados a muerte en Texas a la Corte Internacional de Justicia. Más aún, llevó el caso de José Ernesto Medellín Rojas -sentenciado por los delitos de homicidio, secuestro y violación de dos menores estadounidenses- a la Suprema Corte de aquel país. Lo que los casos de Medellín y Cassez tienen en común es que su culpabilidad o inocencia es irrelevante. Cuando un proceso penal es viciado sucede que el detenido deja de tener recursos efectivos a su alcance para combatir un cargo en su contra y el juzgador pierde la posibilidad de evaluar las circunstancias del delito. Conocer qué pruebas o declaraciones no fueron contaminadas por una violación al proceso es casi tan difícil como verter litros de plomo en un río y después intentar beber las gotas limpias. Por eso la sentencia pierde valor y el proceso debe reponerse.
Más allá de la notificación consular, lo que pone sobre la mesa el Ministro Zaldívar es la complicidad entre la Procuraduría General de la República y los medios de comunicación. El hecho de que la detención de Cassez se haya recreado con el fin de transmitirse en los medios como una captura en flagrancia, y que esa misma escenificación haya quedado asentada como real en los expedientes, invita a ensayar la posibilidad de que el Estado utilice estos mecanismos de manera sistemática para legitimar la captura de presuntos narcotraficantes, secuestradores u homicidas que le han sido presentados, en tiempo real y televisión abierta, a la ciudadanía en los últimos años. El proyecto es claro: Florence Cassez fue expuesta repetidamente y en profundidad a un espectáculo que resulta inadmisible en un sistema democrático de derechos y libertades. Sin embargo, hay quienes no ven el asunto desde la misma perspectiva y, como la candidata a la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal, Isabel Miranda de Wallace, han expuesto su inconformidad con el proyecto y cuestionado dónde quedan las víctimas en todo este embrollo. En el fondo, esa es la pregunta relevante: si las instituciones tendrán o no tendrán la capacidad de hacer justicia una vez que la Corte eleve los estándares de calidad.
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