El tema de la productividad yace como el pilar fundamental del futuro del país. De la productividad depende, en el largo plazo, la tasa de crecimiento, el nivel de salarios y la creación de empleos. Desde esta perspectiva, convertir a la productividad en el eje rector de la política económica en México parecería una obviedad. La imperiosidad de ello se debe al estancamiento del país en este rubro: hoy tenemos el mismo nivel de productividad que en 1979. En 2013, con la inclusión del eje transversal “Democratizar la Productividad” dentro del Plan Nacional de Desarrollo de la administración Peña Nieto parece haber una buena señal. Sin embargo, la pregunta es si la “democratización” de la productividad y su operación a través del Comité Nacional de Productividad (CONAPRO) será llana retórica.
Democratizar la Productividad tiene al menos tres interpretaciones: una, es un término elocuente para decir que, a través de las recomendaciones del CONAPRO, sus especialistas y los actores obrero-patronales involucrados, se construirá la política de productividad del gobierno –cuyos puntos se presentarán a finales de agosto—; dos, como lo señaló el presidente Peña en su discurso, es una figura retórica para explicar cómo a mayor productividad, mayores beneficios a la economía y, en consecuencia, más bienestar para la población (o sea, un hueco lugar común); tres, implica que se ampliará el portafolio de apoyo y fomento productivo a sectores no explorados donde, en efecto, tenemos ventajas comparativas económicas a nivel nacional y en lo local. Si democratizar la productividad responde a esta última interpretación, entonces hay materia para la discusión.
Comencemos analizando el CONAPRO. Por un lado, su estructura organizacional podría no ser cuestionable desde el punto de vista político, pero desde una perspectiva técnica, ésta es errónea. A pesar de su gran peso político dentro del gabinete presidencial, el titular de la SHCP no debería presidir este órgano, pues en su toma de decisiones se maximizan cuestiones fiscales, de tributación e ingresos, no necesariamente direccionados a impactar de manera positiva la productividad. Del mismo modo, la Secretaría Técnica del Comité no debería estar bajo el Secretario del Trabajo, en tanto que la productividad, al menos en el corto plazo, no implica mayor empleo y las políticas pro empleo suelen ser improductivas. Más al punto, elevar la productividad implicaría afectar todos los intereses que han paralizado su crecimiento en todos los ámbitos: laboral, educativo, infraestructura, seguridad, sistema judicial, etc. Si alguien sería idóneo para presidir el Comité, es el Secretario de Economía. Mejor todavía, un “zar” de la productividad, alguien independiente pero con amplio poder político que le reporte directamente al presidente.
Por otro lado, hay al menos cinco puntos sobre los cuales debería trabajar el Comité. Primero, se necesita impulsar la productividad basada en ventajas comparativas desde lo local: como ilustra el índice CIDAC, ni todos los estados sustentan las mismas ventajas comparativas, ni tienen las condiciones para desarrollar todas las actividades productivas. Segundo, es indispensable atacar la informalidad que, por definición, es improductiva. Tercero, se necesita impulsar la transición en ciertos mercados a bienes y servicios de mayor valor agregado. Cuarto, se requiere dejar de lado la política de apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas de bajo valor agregado actual y potencial: apoyarlos es un gasto improductivo. Quinto, si la productividad implica eficiencia tecnológica, se tendría que estudiar la posibilidad de ascender a rango de secretaría de Estado al CONACYT, resaltando la enorme relevancia de la investigación, desarrollo y aplicación de la ciencia y la tecnología, pero con un mandato directamente vinculado al desarrollo tecnológico y la productividad. De hecho, aún si se abre el sector energético, se da un choque de capital físico y financiero y la creación de empleo, sin un golpe tecnológico no observaremos un cambio en la tasa de crecimiento de la productividad, y, por lo tanto, un crecimiento en la economía en el largo plazo.
El gobierno no debe pensarse como un poder centralizador encargado de desarrollar una política industrial a través del CONAPRO. El papel primordial del Comité, el gobierno federal y los gobiernos estatales, es ayudar al impulso de actividades económicas donde existan áreas de oportunidad definidas por evaluaciones de ventajas comparativas concretas, no caer en las viejas fórmulas de alimentar quimeras populistas y monstruos burocráticos.
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