La investigación del caso ABC, realizada por una comisión investigadora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha despertado la condena a funcionarios de alto nivel por su presunta responsabilidad en el suceso. Sin embargo, ¿se pueden esperar consecuencias más allá del ámbito moral?
Es posible señalar desde ahora que, dada la naturaleza de las investigaciones que realiza la Corte al amparo del artículo 97 constitucional –no son vinculantes– y el marco que regula la función pública, es improbable que se logren fincar responsabilidades, en particular a los nombres más sobresalientes –Molinar Horcasitas o el exgobernador Bours. Sin embargo, la Corte ha decidido, de inicio atraer casos de alto impacto y, posteriormente, marcar con el oprobio a quienes encuentra en falta.
Ante este escenario la pregunta es si vale la pena utilizar el tiempo y recursos de la Corte para imponer condenas morales. Por un lado, hay quienes argumentan que sería mejor desaparecer la facultad de investigación de la Corte, porque sólo provoca que luzca ineficaz, primero poniendo expectativas altas y después señalando culpabilidades sin consecuencias. También hay quienes argumentan que sería preferible fortalecer los mecanismos para que los ciudadanos reclamen indemnizaciones al Gobierno. Ambas argumentaciones son válidas, sin embargo, en un contexto en el que ningún funcionario asume la responsabilidad de lo que ocurre en el país y donde las víctimas son tildados de linchadores o periféricos, la Corte se ha convertido en la única instancia capaz de denunciar y condenar, aunque sólo sea en los tribunales de la opinión pública. ¿Sería mejor no tener esa condena moral?
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