El pasado 30 de abril terminaron las sesiones ordinarias del primer año de la LXII Legislatura en el Congreso. Por lo general, se suelen sustentar los balances del trabajo de las cámaras contabilizando la cifra de dictámenes discutidos, aprobados y hasta promulgados por el Presidente de la República. Sin embargo, existen otros factores dignos de analizarse para tener mayores elementos de juicio en la evaluación de los legisladores. Aquí se hablará de dos: los potenciales alcances de las reformas y la vinculación del Congreso con otro actor legislativo preponderante, es decir, el Poder Ejecutivo.
En términos cualitativos, la utilidad de las reformas realizadas es un indicador que complementa y da más sentido al simple número de las mismas. Ahora bien, hay que considerar la naturaleza subjetiva de este punto, en particular cuando ni siquiera se han comenzado a aplicar los cambios, o si se estima ver sus repercusiones en el mediano y el largo plazo. Otro escenario es que, aun ya promulgada una ley, su texto y esencia se vean en jaque al ingresar a la arena más compleja de los cambios legislativos: la realidad. El juicio resulta más crudo al ver los resultados más adelante en el tiempo. A manera de ejemplo, algunos de los productos más representativos de las dos legislaturas anteriores, han tenido grandes dificultades en su implementación –la reforma penal—, o tan sólo fueron paliativos de cortísima duración –las reformas energética y tributaria.
Por otra parte, tal vez lo más interesante de la LXII Legislatura hayan sido las formas sui géneris en las cuales se relacionó, no nada más con el actual presidente Enrique Peña y el Pacto por México, sino con su antecesor, Felipe Calderón, y su inédito activismo vía las iniciativas preferentes (figura hoy en el olvido, por cierto) en el último minuto de su sexenio. En ambos casos, la agenda legislativa fue marcada –o al menos influida—desde Los Pinos. Cabe recordar que las reformas a la Ley Federal del Trabajo y a la Ley de Contabilidad Gubernamental –esta última un primer paso en una serie de modificaciones encaminadas hacia fortalecer la transparencia en el uso de los recursos públicos y sanear las finanzas de entidades gubernamentales—, fueron iniciativas que el Congreso se vio obligado por ley a dictaminar y votar en un plazo perentorio dado su carácter preferente. Sin ese instrumento habría sido casi imposible que un mandatario saliente como Calderón pudiera ejercer presión sobre legisladores recién elegidos y, en ese momento, a la espera del ascenso del nuevo presidente. En el caso de Peña, el Pacto por México fungió como un mecanismo más sofisticado (y eficaz) que la iniciativa preferente. Evadiendo la restricción de la iniciativa preferente acerca de no poder incluir reformas constitucionales, y a pesar de no fijar plazos legales fatales, el Pacto consiguió comprometer a las fuerzas políticas de oposición a cumplir una agenda calendarizada que tuvo éxito en sacar reformas en tiempo y forma como la educativa, la de telecomunicaciones, la Ley de Amparo, la Ley de Víctimas, por mencionar las más publicitadas. En suma, la diferencia entre Calderón y Peña, es que el primero forzó la agenda sustentado en una herramienta legal, y el segundo prefirió la negociación política y, por ende, la construcción de una mayor legitimidad a sus propuestas de reforma. En todo caso, es evidente que incluso reformas como la laboral salieron todavía en el sexenio pasado gracias a la decidida intervención del entonces presidente electo.
Aun cuando el Pacto por México se trompicó en semanas recientes empujado por el ambiente electoral, la firma de una adenda al acuerdo (7 de mayo) parece haber “regresado la paz” a sus integrantes. No obstante, las pruebas más complejas están por venir en el segundo año de la LXII Legislatura: la reforma energética y la hacendaria. ¿Continuará el Pacto siendo tan eficiente como eje de la materialización de la agenda que ha propuesto el presidente Peña, o tendría que ir pensando en otros mecanismos para sobrevivir a la eventual muerte del acuerdo? En cualquier caso, el gobierno federal está decidido a sacar su agenda y repetir el “misión cumplida” junto con el Congreso, con o sin Pacto (de preferencia, con él). El gran escollo, sin embargo, serán las elecciones de julio próximo, factor que sin duda tensará las relaciones entre los partidos políticos que integran el pacto.
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