Con 743 proyectos y una inversión de 7.7 billones de pesos, este lunes el Presidente Enrique Peña Nieto presentó el Programa Nacional de Infraestructura 2014 – 2018. Más allá de la discusión sobre la eficiencia y utilidad de los proyectos particulares que componen el Programa o la existencia de seis sectores estratégicos, llama la atención el modelo de desarrollo propuesto por el Presidente de la República y el Secretario de Hacienda y Crédito Público. Lo señalamos en tanto que desde diciembre de 2012 se han levantado una serie de cuestionamientos por la alta incertidumbre respecto al modelo económico particular elegido por la actual administración federal. Tras el cañonazo del presupuesto histórico de infraestructura el modelo parece más claro: el gasto presupuestal –similar al keynesianismo de las posguerra- liderará el crecimiento en el corto plazo, actuando más como paliativo o ilusión de crecimiento y empleo, y el sector energético será la cereza de generación de valor agregado en el largo plazo (si es que se asegura una fuerte y constante transferencia tecnológica). Lo anterior se sostendrá en base a la recaudación del sector formal, sobre todo del sector exportador (ahora menos competitivo por el incremento de la carga impositiva en 300% en promedio a cada empresa).
Luis Videgaray Caso señaló que el Programa y las reformas estructurales tendrán como efecto entre 1.8 y 2 puntos porcentuales adicionales al piso de crecimiento económico habitual (de alrededor de 2.1%) y 350 mil empleos formales adicionales al año. Sin embargo, este Programa, sus “efectos potenciales” y el tiempo en el que se presentó generan al menos cinco cuestionamientos puntuales.
En primer lugar, parece tarde la presentación del Programa. Trayendo a memoria el impasse de gasto público del 2013 y el primer trimestre de 2014, el plan de gasto en infraestructura billonario simula un efecto boomerang. No obstante, si bien muchos pueden pensar que 7.7 billones justifican el escaso y limitado gasto durante 2013 y lo que va de 2014, lo cierto es que fueron años perdidos, y crecimientos económicos por debajo de los esperados. En segundo lugar, el monto del gasto del Programa es un llamado al subejercicio, además de un sector plagado de un alto índice de corrupción y baja o nula transparencia. En tercer lugar, el gasto público se ha caracterizado por distar de ser un gasto eficiente, particularmente en este sector. No sólo hay una alta tasa de retrasos temporales en los proyectos de infraestructura (en promedio de más de 18 meses), sino un sobre costo mayor al 30%. En cuarto lugar, debido a sus características el sector de construcción es de los mayores sectores con problemas de contrataciones fuera de ley e informalidad –como sucede también con el sector de comercio al por menor. Dinero “bueno” formal distribuido en actividades informales impacta directamente la productividad de esta actividad económica y el efecto de desarrollo nacional. Finalmente, pese a lo específico del Programa Nacional la planeación de infraestructura es sumamente variable y coyuntural, siempre parece existir algo “más urgente” en el gasto público.
Lo anterior levanta dudas fuertes sobre un modelo económico basado en un cañonazo de gasto público, distante a modelos centrados en innovación e impulso tecnológico, desarrollo educativo e impulso de la productividad por otros medios. No por señalar lo anterior quiere decir que el Programa careció de novedades. Fundamental es el desarrollo de infraestructura en el sector energético, así como interesante el planteamiento de apoyo al desarrollo de zonas metropolitanas –particularmente en el Distrito Federal, entidad de las más beneficiadas en el paquete de proyectos- y la propuesta de expansión de obras del sector turismo. De esta forma si bien visualizamos con mayor claridad el modelo de desarrollo del Gobierno Federal, seguimos preguntándonos si esa visión será suficiente y estará orientada a potencializar la economía nacional o simplemente destinamos una cantidad histórica de recursos a proyectos con alta probabilidad de ser altamente improductivos, ineficientes y muchos innecesarios.
Tampoco es desdeñable el potencial costo del proyecto de gasto en infraestructura. Si bien la infraestructura del país claramente requiere una sustancial inversión, existe el riesgo de que el déficit en que se está incurriendo crezca, trayendo consigo el tipo de círculos viciosos que, a lo largo de las décadas de los setenta a noventa condujeron a crisis financieras. El tiempo dirá si el proyecto gubernamental resulta saludable y conducente al crecimiento o si se trata de una mera reedición de los gobiernos de los setenta y sus nefastas consecuencias.
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