La atención del problema de la inseguridad es apremiante. La ciudadanía vive sitiada por el miedo ante la escalda de la criminalidad, que por lo menos en la capital del país se refleja en el hecho de que cada minuto se comete un delito. Pretendiendo dar respuesta a este clamor popular el Presidente de la República envió al Senado en diciembre pasado una iniciativa de reformas constitucionales y legales en materia de procuración de justicia. Este estudio presenta un diagnóstico sobre el desempeño actual y desafíos de los servicios de procuración de justicia en el ámbito local, utilizando el caso de la Ciudad de México.
Con base en este diagnóstico se demuestra que las reformas planteadas tendrán poca o ninguna incidencia en la efectividad de las medidas para combatir la delincuencia organizada. Nuestras afirmaciones principales son que en las condiciones actuales de nuestro sistema de justicia la solución no es incrementar penas, sino disminuir el alto nivel de impunidad. También se subraya que el principal desafío de la procuración de justicia es la capacidad y honradez de sus elementos y la calidad y eficiencia de sus servicios. Sobre estos retos las reformas constitucionales tienen muy poco que hacer.
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