Si los 40 mil muertos en México no habían llamado la atención de la comunidad internacional los 3 mil desaparecidos sí lo lograron. No es que los últimos casos sean más importantes que los primeros, lo que sucede es que prenden alarmas distintas. La desaparición forzada es una violación a derechos humanos -sancionada por el derecho internacional- pues supone la participación de agentes del Estado en la privación de la libertad de un civil. Lo peculiar de estas prácticas es que son propias de regímenes autoritarios o dictatoriales y remiten, de inmediato, al México de los setenta, al Perú durante el Ochenio o a los más de mil desaparecidos durante el gobierno de Pinochet en Chile. Es por ello que la ONU decidió intervenir y envió a un grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas a visitar los estados de Chihuahua, Coahuila, Guerrero y la Ciudad de México.
El grupo recomendó al Gobierno Federal que, en el corto plazo, retire al Ejército de las calles y, sobretodo, impida que intervengan en operaciones de seguridad pública en tanto se esclarece si militares o policías participaron o no en las desapariciones. El tono de la respuesta del Gobierno Federal -el ejército no va a ningún lado, no hasta que existan pruebas contundentes- se funda en que menos de 400 casos han sido llevados ante la Comisión de Derechos Humanos, es decir, existen muy pocas desapariciones para las cuales haya indicios de alguna participación de un agente del Estado. Más allá del número de casos, pasar por alto que el órgano más especializado del mundo en desapariciones forzadas cree que la presencia de fuerzas militares en las calles es hoy un peligro para la ciudadanía, no es menor y sin duda incide en la imagen de la administración de Calderón.
México ha tenido una transición a la democracia atípica, la vasta mayoría de los países latinoamericanos que se liberaron de dictaduras pasaron por una etapa de violencia importante. Hasta la administración de Calderón, el país se había deslizado de manera lenta pero pacífica, sin embargo, romper las estructuras e inercias que se gestaron durante tantos años en México ha tenido consecuencias no previstas. Cómo abordar esas consecuencias, sin renunciar a los derechos humanos a cambio de una buena dosis de orden, es la pregunta relevante.
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