El gobierno federal asumió, desde el 15 de enero pasado, la seguridad en municipios de la región de Tierra Caliente y sur de Michoacán, a través de la Policía Federal y el Ejército, y con el nombramiento de Alfredo Castillo como Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral. El comisionado es una figura disruptiva ya que, por un lado, su creación por decreto no parece tener muy claro su sustento en las facultades presidenciales descritas en el artículo 89 constitucional, a pesar de la posible legitimidad de la medida si se toma en cuenta como respuesta a la solicitud hecha por el gobierno local respecto a la intervención de fuerzas federales en el estado. En este sentido, la “innovación” en la atención del crónico asunto michoacano ha sido el sello de la Federación desde hace mucho tiempo. Basta recordar el Operativo Conjunto Michoacán –una de las primeras acciones de Felipe Calderón como presidente—y el conocido como “Michoacanazo” –la detención y posterior liberación de varios presidentes municipales de la entidad. Sin embargo, las fórmulas previas, aunque “novedosas”, no tuvieron éxito. ¿Qué podría hacer diferente al actual esquema del Comisionado Federal?
La figura de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán pretende colaborar en el fortalecimiento de las débiles figuras institucionales de Michoacán, desde los cuerpos policiacos estatales y locales, hasta la de un gobernador ausente de sus funciones en innumerables ocasiones. Si bien la estrategia del Ejecutivo parece ser un intento más por producir un golpe mediático de corto plazo, su evaluación dependerá enteramente de lo que de esta acción resulte, algo difícil de asir ya que no ha sido definida la política de seguridad. Ciertamente, la existencia de una estrategia no se comprueba con anuncios espectaculares al estilo del sexenio anterior; es más, ni siquiera sería indispensable conocerla. A pesar de ello, no hay asunto donde más crudamente se perciban los logros y fracasos de una política pública que en el de la seguridad. No se trata sólo de contener la violencia de manera temporal o usar a las autodefensas y/o a los Templarios como “chivos expiatorios” para explicar todos los males michoacanos. Mientras 4 de cada 10 municipios del estado cuenten con serios problemas económicos, el tejido social no se va corregir pese a toda la intervención policiaca. En resumen, se debe apostar por una reconstrucción real y profunda de Michoacán.
Por su posición geográfica, orografía y hasta climática, Michoacán difícilmente dejará de ser punto neurálgico del narcotráfico; basta recordar el caso de Sinaloa, por ejemplo. Ahora bien, a diferencia de aquella entidad del noroeste donde prevalece un cartel hegemónico, el territorio michoacano es una plaza disputada por varias organizaciones delictivas y la fragmentación del mapa se ha agudizado con la intervención federal, sobre todo a partir de la administración Calderón. Se ha hablado mucho sobre la posibilidad de declarar una desaparición de poderes pero, incluso con la gravedad actual de la situación, ello se antoja complicado dado que, para bien o para mal, los tres poderes en la entidad continúan en funciones. Esto incumple los supuestos prescritos en la ley reglamentaria del artículo 76, fracción V, de la Constitución, la cual define las condiciones de la desaparición de poderes. Por otra parte, la suspensión de garantías señalada en el artículo 29 constitucional en casos de “perturbación grave de la paz pública, o de cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto”, además de no estar siquiera reglamentada (hay varias iniciativas con tal propósito que están congeladas en el Congreso), representaría un riesgo en cuanto a posibles violaciones a los derechos humanos. Entonces, ¿qué hacer?
La figura del comisionado podría ser un intento más del gobierno por cortarle la cabeza a la hidra o una pantomima mediática de corto plazo. Peor, podría ser un intento por apaciguar a los grupos involucrados por medio de acuerdos que, por definición, son insostenibles. No obstante, también resulta una oportunidad para generar un cambio estructural en la entidad. No es sólo la reconfiguración del tejido social (porque construido está, pero bajo las reglas de diversos grupos ajenos a la autoridad del Estado), sino la normalización de la vida democrática de Michoacán. De hecho, un éxito genuino en estos objetivos podría significar un punto de quiebre para la situación del país en general. Es mucho lo que está de por medio en Michoacán, hoy en manos del flamante comisionado.
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