La ineficacia de la estrategia gubernamental de seguridad, con el consecuente enojo y desesperación en la opinión pública están abriendo la puerta al oportunismo en su peor versión populista. El Congreso de Coahuila, a instancias del gobernador Moreira, aprobó una iniciativa dirigida a aprobar la pena de muerte para secuestradores. Líderes nacionales del PRI propusieron abrir el debate sobre el tema y el Partido Verde ha desplegado una campaña publicitaria en el mismo tenor. Esto a pesar de que: 1) la Constitución y tratados internacionales firmados por México prohíben la aplicación de la pena capital; y 2) la existencia de amplia y sólida evidencia sobre la ineficacia de la pena de muerte para disuadir el delito y de las muchas desventajas que genera su adopción. En tiempos de crisis, la ciudadanía es susceptible al canto populista y en un año electoral hay actores dispuestos a proponer soluciones ilusorias y contraproducentes, pero con popularidad en las encuestas. Es de preocupar que el debate sobre la pena de muerte consuma energías necesarias para hacer frente al grave problema de la inseguridad.
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