Los escándalos de corrupción derivados de la construcción de la Estela de Luz prosiguen. De acuerdo con un reporte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el costo del monumento conmemorativo del Bicentenario de la Independencia fue tres veces el presupuestado de inicio, además de detectar 400 millones de pesos en pagos injustificados –esto sin tomar en cuenta la no construcción de 3,000 metros cuadrados proyectados originalmente. Referido al caso, se han emitido órdenes de aprehensión en contra de doce ex funcionarios involucrados en la construcción (once de Triple I Servicios, subsidiaria de PEMEX, y uno de la Secretaría de la Función Pública). Ante la coyuntura que representa esta decisión judicial, cabe evaluar la situación actual del combate a la corrupción en México, en particular cuando el mismo presidente Peña ha anunciado el “fin de los intocables”. ¿Cuál ha sido, en los hechos, el enfoque del gobierno federal en el tema?
La confirmación de actos de corrupción en la construcción de la Estela de Luz no sorprende a nadie. El “acto fundacional” del presidente Peña en el tema –la detención de la maestra Gordillo-, de seguro emocionó a más de uno. No obstante, desde aquel importante golpe, la actuación del gobierno federal en materia de combate a la corrupción ha sido nula, lo cual seguro ha decepcionado a quienes esperaban que los “grandes peces” comenzarían a caer (candidatos no faltan). Es importante anotar que las órdenes de aprehensión en el caso de la Estela de Luz son resultado de una denuncia presentada por la ASF desde 2011, por lo que nada tienen que ver con esta administración. En cuanto al discurso del “fin de los intocables”, éste podría interpretarse más bien como una amenaza permanente contra toda la clase política que un plan de acción real. Bajo la lógica de un gobierno que ha demostrado su intención de ejercer control efectivo, no es disparatado considerar que la amenaza sea utilizada como un mecanismo de amedrentamiento hacia cualquier posible oposición, al estilo de una “espada de Damocles” que pende sobre la cabeza de todos quienes tienen “cola que les pisen”. En el caso específico de los ex funcionarios del gobierno federal anterior, la posibilidad de pasar factura al sexenio panista está latente, y esta especie de “control informal” puede resultar útil para apaciguar a aquellos que podrían dificultar la agenda del Ejecutivo. A nadie sorprendería que, en algún momento, los senadores panistas resulten menos reacios a “trabajar” con el liderazgo priista…
El combate a la corrupción ocupó un importante lugar en las causas abanderadas por Peña Nieto durante todo el periodo post electoral y hasta el inicio de su gestión, pero su relevancia se ha ido diluyendo desde entonces. El multicitado Pacto por México sólo contempla dos compromisos en la materia: la creación de una Comisión y un Consejo Anticorrupción. Al respecto, la creación de estos órganos se encuentra detenida en el Congreso, en donde ha sido relegada a un segundo plano ante las reformas en materia de educación y telecomunicaciones. Ahora, ante la inminencia de las reformas energética y fiscal, parece que continuará así. De continuar la tónica de tolerancia en la materia, la lucha anticorrupción continuará siendo discrecional y con un uso selectivo de la justicia, es decir, un mero pretexto para lograr otros fines.
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