El pasado 28 de agosto, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal canceló la última de once órdenes de aprehensión en contra del líder sindical minero, Napoleón Gómez Urrutia –conocido coloquialmente como “Napito”—, por un presunto uso ilegal de 55 millones de dólares. Finiquitada la amenaza de la acción penal y tras ocho años de autoexilio en Canadá –país, por cierto, de donde proceden los principales inversionistas extranjeros en la minería nacional—, Gómez Urrutia ha anunciado su regreso a México a fin de hacerse cargo del Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares. Así las cosas, no deja de ser curioso cómo estos hechos se empalman con la delicada coyuntura que vive uno de los actores principales de la explotación minera, Grupo México, en cuanto a los recientes derrames de materiales tóxicos en Sonora. Cabe recordar que el escándalo relativo a “Napito,” originalmente promovido al liderazgo sindical por una de las mineras más activas en el país, se exacerbó con la reacción del gremio minero ante la tragedia de la mina de Pasta de Conchos (Coahuila), acaecida hacia el final del gobierno del presidente Fox, y donde el mismo Grupo México tuvo una conducta cuestionable. De hecho, uno de los factores altamente visibles en la industria minera es la prominencia de un grupo que, a pesar de su tamaño, manifiesta una impactante incapacidad de actuar, reaccionar y responder ante retos y crisis que son perfectamente anticipables. Con lo anterior en mente, ¿qué está sucediendo en el escenario político de este trascendental sector de la economía mexicana?
Los intereses por controlar al sector minero no son de extrañarse. Durante muchos años, a dicho sector se le otorgaron concesiones sin limitaciones y se permitió que se enriqueciera sin responsabilidades ambientales y laborales. Actualmente, el PIB minero-metalúrgico representa un 8.5 por ciento del PIB industrial y 2.9 por ciento del PIB nacional. Asimismo, cifras reportadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social indican que la minería sostuvo 332 mil plazas laborales directas. En términos de inversión extranjera directa, la minería representó en 2013, el 7.9 por ciento del total de flujos que entraron al país, con un total de 293 empresas extranjeras operando proyectos mineros en México. Aun así, 2014 no ha sido un año fácil para la industria, empezando por el retraso en la devolución del IVA a las empresas mineras por parte del SAT, el cambio en materia fiscal para la industria, la tendencia a la baja en el precio de los metales, y los recientes desastres como lo ocurrido en el río Bacanuchi en Sonora.
El mensaje que Gómez Urrutia ha mandado tras anunciar su regreso es uno de cooperación (creación de empleos, mejores condiciones laborales) con el gobierno del presidente Peña, dejando en el pasado la persecución que vivió bajo las administraciones panistas de Fox y Calderón. Tomando en cuenta que ha sido elegido por unanimidad para dirigir al sindicato hasta 2020, la llegada de Gómez Urrutia a México le permitiría a la administración del presidente Peña normalizar las relaciones, lo cual a su vez mandaría una señal de estabilidad a los inversionistas en el sector. Esto será relevante especialmente para las empresas mineras canadienses que tanto abogaron por él y que son la mayoría de las empresas mineras extranjeras establecidas en México (alrededor de 205).
Que el gobierno retome el control político del sector y proteja los intereses internacionales no sólo es importante para el sector minero sino también para el de hidrocarburos. Uno de los temas clave en este ámbito será la coexistencia de actividades de extracción de hidrocarburos con las mineras. Aunque bajo la reciente reforma energética privilegia las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, las concesiones mineras seguirán siendo respetadas por la ley – mientras que las Secretarias de Energía y Economía se encargarán de determinar si las dos actividades pueden coexistir. Es por eso que otorgar cierta influencia al sindicalismo, con el objetivo de reasumir el control político del rubro, le podría resultar útil al gobierno para minimizar los conflictos que surjan de la coexistencia de actividades mineras con la extracción de hidrocarburos. De igual manera, el gobierno podría usar el impuesto que se le introdujo a las compañías mineras en la miscelánea fiscal aprobada el año pasado como moneda de cambio para la explotación de otros recursos del subsuelo. A fin de cuentas, el gobierno continúa con su tendencia de asegurar el control de los actores principales de los sectores productivos del país.
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