En su XLIV Reunión Ordinaria, la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) acordó respaldar el modelo de Mando Único Policial. Sin embargo, todavía no existe un plan concreto para llevarlo a la práctica. La propuesta que presentó hace unos meses el ex presidente Calderón, en la cual se prescribía la desaparición de las alrededor de dos mil policías municipales, centralizando sus comandos en las entidades federativas mientras recibían una certificación para continuar operando, parece que ha sido desestimada. La buena noticia es que se está partiendo del principio, establecido en el artículo 115 constitucional, de que la seguridad pública comienza en el municipio y es ahí donde deben concentrarse los esfuerzos que se realicen. La mala es que no hay un plan concreto para poner en práctica un sistema policiaco eficiente ante la crisis de inseguridad que experimenta el país. Lo más que se ha expresado es que se propone convertir lo hecho en los años recientes en Monterrey en un modelo para el resto del país. Aun cuando el gobierno federal ha anunciado su intención de crear una gendarmería nacional, los detalles de su conformación no están del todo claros. Por su parte, las policías estatales están intentando encontrar soluciones a su manera. Esto podría ser positivo, en tanto se estuvieran considerando las características particulares de cada entidad federativa. La desventaja es que se puede incurrir en excesos como los presentados, por ejemplo, en Guerrero, donde el esquema de policías comunitarias se está saliendo de control. Entonces, ¿qué hacer?
La demanda ciudadana por una mejor seguridad es totalmente legítima. No obstante, en casos como el de las fuerzas de autodefensa de Guerrero, si bien las comunidades desean plantear mecanismos enfocados en una protección eficaz de su población, la puerta para los abusos de autoridad se abre cada vez más, debido al carácter extralegal de la operación de sus cuerpos ciudadanos de seguridad y del riesgo inherente a la constitución de cuerpos paramilitares para la estabilidad de largo plazo del país. Por otra parte, estados como Morelos, en particular bajo la recién instalada administración del gobernador Graco Ramírez, han establecido modelos de mando único, en los cuales no se desestima el papel de las policías municipales –dejándoles las labores de proximidad y tránsito—, al tiempo que la policía estatal toma el control de la persecución de los delitos de alto impacto, cuya inversión en recursos y especialización es superior y ha rebasado, en la mayoría de las ocasiones, a las instituciones del municipio. Otros municipios, de entre aquellos que sí cuentan con policías propias –recordar que cerca de medio millar de demarcaciones carecen de ellas—, han diseñado esquemas que, supuestamente, harían menos susceptibles a sus elementos de caer en prácticas de corrupción. Una muestra de ello es la policía de Guadalupe, Nuevo León, que ha introducido la práctica del evangelismo entre sus efectivos, con el propósito de inculcarles bases morales en el ejercicio de sus funciones de protección comunitaria. Por último, esta semana, el senador guerrerense, Sofío Ramírez, presentó una iniciativa de ley con la intención de elevar a rango constitucional la figura de las policías comunitarias, creando de facto la figura del cuarto nivel de gobierno, más allá del federal, estatal y municipal. Aunque el artículo 16 de la Constitución dota a todo ciudadano del poder para detener a un infractor y presentarlo ante la autoridad correspondiente a fin de proseguir con su proceso judicial, hay una línea muy delgada entre el legítimo derecho a defenderse, y la posibilidad de abusar de él, contraviniendo los derechos humanos también estipulados en la ley suprema de la nación.
Sin duda, lo ideal sería que la misma autoridad, cuya fuerza y poder dimanan de la voluntad de la ciudadanía, ejerciera su mando y diera soluciones para proteger de mejor forma a sus gobernados. La cuestión es que, debido al vacío de autoridad presente en varias regiones de México, la población busca alternativas, sea como sea. Así, ¿cuál sería el modelo más eficiente a fin de garantizar el derecho básico de las personas a la seguridad? La respuesta en efecto podría estar en reconocer las necesidades particulares de cada comunidad y respetar la esencia del municipio libre. No obstante, es importante permanecer vigilantes ante la eventualidad de un nada deseable “libertinaje ciudadano”.
Dos elementos adicionales ameritan un corolario: por un lado, resulta inverosímil que todavía -a casi tres meses de iniciado el gobierno y ocho de la elección- no haya una estrategia acabada y creíble de seguridad pública, el asunto más importante para la ciudadanía y para el gobierno. ¿A qué han dedicado todos estos meses? Por otro lado, la legítima búsqueda de proteger a la población ha generado un conflicto con el gobierno estadounidense, cuya preferencia parece ser la de combatir al narco. Evidentemente, ambos son objetivos necesarios para un gobierno; sin embargo, la escasez de recursos obliga a optar. Lo que parece claro es que el gobierno no ha acabado de definir su estrategia y, no menos grave, ha ignorado las quejas del vecino del norte, situación que fácilmente podría salirse de control.
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