Al anunciar que congelaría el precio de la gasolina mas no el del diesel, el presidente Calderón suscitó enérgicas protestas de parte de organizaciones campesinas, obreras, y de las industrias pesquera y de transporte. Las movilizaciones han escalado progresivamente en todo el país para exigir un freno al aumento de los precios del diesel, y en un año donde priman las consideraciones electorales, el gobierno no tuvo otra alternativa que dar su brazo a torcer. La medida presidencial reduce –de 75% a 25%– el aumento mensual de los precios del diesel e introduce la posibilidad de aplicar deducciones sobre el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS). Sin embargo, ni los productores ni los líderes de partidos opositores consideraron que la medida sea suficiente para resolver los problemas de productividad de los pesqueros, y continúan presionando por un subsidio directo al combustible. Que el gobierno fije el precio de los combustibles por criterios discrecionales, y no por una fórmula que refleje los altibajos del mercado, se traduce en mayores presiones políticas por parte de los consumidores y da pie al oportunismo político de los gobernantes. Una vez más el gobierno se ata de manos y aprueba medidas de poca eficiencia económica que no resuelven los problemas que verdaderamente afectan la productividad del país.
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