El domingo 7 de junio se llevó a cabo la primera jornada electoral organizada por el recién creado Instituto Nacional Electoral (INE). Las cifras ilustran la magnitud del desafío: 148,387 casillas instaladas -99.6% de las previstas- y 760 mil ciudadanos como funcionarios de casillas. Fue la elección intermedia con estatales concurrentes más grande que el país ha presenciado. En términos generales, a pesar de la pérdida de más de dos decenas de vidas de candidatos y personas asociadas a las campañas, y manifestaciones violentas por parte del magisterio, el INE logró salir avante de su primer gran reto apoyándose en la estructura del anterior IFE.
Sin embargo, la jornada no estuvo libre de percances. De acuerdo con el propio instituto, 4,852 incidentes tuvieron lugar y, aunque se intentó minimizarlos aduciendo que un tercio se debió a la reubicación de casillas, las imágenes de Oaxaca y Guerrero estaban muy lejos de poder ser consideradas una “fiesta cívica”. La coyuntura electoral sirvió como marco para enardecer conflictos sociales no resueltos en determinadas regiones del país. En particular, las poblaciones de Tixtla y Tlapa en Guerrero y Salina Cruz y Tuxtepec en Oaxaca fueron escenarios de graves connatos de violencia; algunos incidentes se presentaron también en los estados de Michoacán y Chiapas. Sin embargo, a pesar de la considerable violencia, ésta parece no haber desincentivado a la ciudadanía para acudir a votar; la participación electoral de 2015 fue superior a la de última de una elección intermedia en 2009.
Aunque la jornada ya terminó, el trabajo de las autoridades electorales no ha concluido. De acuerdo con la Fiscalia Especilizada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), el saldo de la jornada asciende a 56 detenidos por delitos electorales y 115 investigaciones iniciadas; habrá que estar pendiente del devenir de estos números. Asimismo, la Comisión de Quejas del INE ordenó suspender la propaganda a favor del PVEM difundida en redes sociales. Para determinar precisamente si estas acciones merecen o no sanción, queda pendiente una investigación en relación con estas “espontáneas” manifestaciones de apoyo por parte de personajes del espectáculo y el deporte. Lo más preocupante de este caso es el que este partido ha violado la ley de manera sistemática y, al parecer, sin graves consecuencias por el momento. Esto no significa que se requiere de una revisión minuciosa de la ley electoral, pero sí de la forma en que fue aplicada en este caso.
En cuanto al ámbito de los Tribunales, se prevén impugnaciones de resultados por lo menos en Colima y San Luis Potosí, entidades en donde el margen entre el primero y segundo lugar resultó mínimo. El PRI también ha anunciado su intención de acudir a tribunales en Michoacán y Baja California Sur, a pesar de que los punteros en ambas entidades aventajan a los candidatos del tricolor por varios puntos porcentuales. Asimismo, aunque en un primer momento se anunció la anulación de los comicios en el municipio de Tixtla Guerrero, la decisión final recaerá en el Tribunal Electoral del Estado, quien hasta el momento no se ha pronunciado al respecto.
Semana Política es elaborada por: Ximena López, Mariana Meza, Carlos de la Rosa, Santiago Martínez, Rafael Vega. Editora: Lorena Becerra
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