Finalmente ha concluido el proceso electoral 2013. Aunque todavía queden pendientes algunas impugnaciones y muchos de los resultados permanezcan en carácter de preliminares, es posible adelantar que el PRI ha mantenido una fuerza importante en todos los estados del país. Si bien el tricolor perdió algunas plazas significativas como la gubernatura en Baja California y por lo menos 5 capitales estatales, la oposición tuvo un retroceso en términos absolutos. En este contexto, tanto el PAN como el PRD han denunciado diversas irregularidades, aduciendo algún tipo de intervención por parte de los gobernadores. En principio, de comprobarse estas anomalías, habría motivos suficientes para retirarse del Pacto por México. Como se recordará, las motivaciones fundamentales de la adenda al acuerdo se referían al uso doloso de programas y recursos públicos con fines electorales, por parte de las autoridades federales y locales. No es nuevo que se tenga esta clase de sospechas. De hecho, no son pocas las voces que reclaman imponer más controles sobre las instituciones electorales en los estados y así impedir que los gobiernos de las entidades las manipulen a placer. Así fue como surgió la propuesta de crear un Instituto Nacional de Elecciones, el cual sustituiría tanto al IFE como a los organismos electorales en los estados. Sin embargo, ¿qué tanto sería conveniente la centralización en la materia?
El elevado nivel de abstencionismo presentado en los últimos comicios –en Baja California estuvo alrededor del 60%-, aunado a fenómenos como el voto nulo o la postulación de candidatos imaginarios, en protesta al régimen de partidos, denotan una decepción de la ciudadanía acerca del sistema político. La apatía de los electores es apenas un síntoma de que no se sienten representados por la clase política, a la cual califican de corrupta, egoísta y desinteresada de los problemas más urgentes del país. Entonces, ¿qué se debe hacer para volver a impulsar la confianza en las instituciones? Por lo pronto, los partidos parecen no hacerse esta pregunta, y se centran en lo que ellos consideran un esquema injusto y desequilibrado de participación. Ciertamente, solucionar este conflicto es toral si en verdad se quiere construir una democracia sólida. No obstante, si las personas comienzan a ver que las elecciones son un mero trámite usado para legitimar a una clase política inamovible e interesada sólo en su supervivencia, la democracia jamás podrá consolidarse. Esto se complica cuando los electores perciben cada vez más lejanas sus preocupaciones de las intenciones reales de los políticos. El desencanto aumenta si piensan que sus decisiones tienen poca relevancia y son determinadas por grupos alejados de su realidad. Esto pudo haber sucedido en Baja California, ante los crecientes rumores de una eventual concertacesión entre priistas y panistas, cediendo la gubernatura al PAN, a cambio de su alineación al Pacto por México. Independientemente de que ello haya sucedido o no, sería un grave retroceso fomentar la idea de un esquema donde la voluntad ciudadana poco importa frente a los arreglos desde el poder. La democracia tiene como condición básica el compromiso de las autoridades a cumplir con los mandatos de sus gobernados, no a preservar sus privilegios. Además, esto se complica si se considera la existencia de un pacto federal, donde las particularidades de cada entidad le dan vida al Estado. Esto no parece estarse respetando, sobre todo con la tendencia a re-centralizar varias de las potestades del gobierno, desde la seguridad y la recaudación fiscal, hasta lo electoral.
La propuesta de centralizar lo electoral desde un Instituto Nacional de Elecciones, podría solucionar el problema de la cooptación institucional desde lo local, pero restaría fuerza a la cercanía institucional con la ciudadanía. Además, esta iniciativa sería una especie de “disparo en el pie” para la oposición, a la luz de las políticas centralizadoras del actual gobierno. La debilidad de los partidos en algunos estados no radica en la concentración del poder de los gobernadores, sino en su incapacidad para crear bases sólidas que les permitan ser competitivos. Partir de la premisa de que todo desde el centro es más manejable, tendría el potencial de devastar la única forma de combatir el avasallador impulso del gobierno federal por tomar las riendas de la política nacional: la pluralidad.
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