La cobertura mediática del mensaje alusivo al II Informe de Gobierno del presidente Peña se ha centrado en dos aspectos: uno sustantivo, el anuncio del megaproyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México; y otro sensacionalista, la ocupación de la Plaza de la Constitución como estacionamiento para los asistentes al monólogo de Palacio Nacional. La espectacularidad de la noticia de la futura terminal aérea capitalina, la cual continuó con el acto en Los Pinos del día siguiente al mensaje presidencial, sin duda es digna del proyecto insignia de infraestructura de este sexenio. Por otra parte, el escándalo de lo sucedido en el Zócalo el 2 de septiembre no pasará de ser eso, un acontecimiento que distrae la atención de otros temas de verdadera relevancia. Dicho esto, el discurso presidencial en Palacio Nacional dio señales más allá de lo que las primeras planas de la prensa han señalado. No son tanto las alegres cifras o las magnas promesas del Ejecutivo, sino las formas, que son fondo, contenidas en la alocución de Peña las que estarían indicando cuál será el estilo de gobernar del mandatario en el futuro próximo.
De entrada, no deja de ser llamativo cómo el presidente estuvo flanqueado por los perredistas Silvano Aureoles, presidente de la Cámara de Diputados, y Miguel Barbosa, líder del Senado. El primer énfasis del discurso de Peña estuvo en el acompañamiento de lo que él llamó la izquierda –aun cuando sólo se refería a una parte del PRD—en lo referente a la actuación del Congreso en el proceso de reformas. Si bien el PAN estuvo ausente de cualquier mención a lo largo de todo el evento, el mandatario pretendió legitimar el conjunto de once reformas aprobadas durante su sexenio al aglutinar a todo el espectro político nacional alrededor de su figura. Sin embargo, ese desdén al blanquiazul puede estar motivado por el arranque de la temporada electoral rumbo a junio de 2015. De esta manera, el espaldarazo retórico al PRD, cuyas consecuencias sobre la izquierda en general tienen el potencial de ser devastadoras en términos de su fragmentación –en particular ahora que se suma (o divide) la presencia de MORENA—, aunado a la toma de distancia respecto al panismo, da el banderazo a la campaña que el PRI emprenderá con el propósito de acrecentar su bancada mayoritaria en San Lázaro, ganar el mayor número de comicios locales, tanto gubernaturas como alcaldías y congresos estatales y, sobre todo, afianzar el triunfalismo del gobierno federal. Todo con miras a 2018. Las eventuales victorias electorales priistas, cuya probabilidad de acrecienta si se considera el respaldo que tendrían las maquinarias políticas del partido vía el gasto público exacerbado durante los siguientes meses, consolidará la imagen de eficiencia del presidente en cuanto a su estilo de ejercer el poder.
Otro factor revelador fue la afirmación de que las reformas transformadoras han concluido su proceso legislativo el pasado 11 de agosto, fecha en la cual se promulgaron las leyes secundarias de la reforma energética. La falsedad de esta declaración del presidente es inquietante. Los pendientes legislativos que están relacionados con las reformas, aunque todavía son diversos, la realidad es que no son del todo del interés del gobierno. La agenda va desde la recepción de documentación para, de ser el caso, organizar consultas populares; crear las leyes reglamentarias al artículo 102 constitucional acerca de la fundación de la Fiscalía General de la República –órgano sucesor de la PGR—y nombrar a su primer titular; concluir la reglamentación de la reforma de transparencia; ratificar los nuevos nombramientos de magistrados de la Suprema Corte de Justicia; desahogar la reforma política del Distrito Federal –supuestamente prioritaria para el PRD—y las reformas al sistema agropecuario, entre otros temas. No obstante, el mensaje de Peña es que el Congreso ya no le es de utilidad. Aun cuando el PAN ha anunciado que buscará incluir en la discusión del Paquete Económico 2015 la posibilidad de reinstaurar el Régimen de Pequeños Contribuyentes (REPECOS) y revertir la homologación del IVA en las zonas fronterizas, el PRI tiene la fuerza legislativa necesaria para sostener el esquema fiscal aprobado en 2013. Asimismo, la decisión presidencial de utilizar por vez primera la facultad de la iniciativa de trámite preferente y enfocarla en un asunto distante de las agendas pendientes mencionadas –la Ley General para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes—, más que un gesto de interés por atender problemáticas propias de la juventud, parece un distractor dentro del atareado calendario del Poder Legislativo.
Con el acto del II Informe de Gobierno, el presidente Peña ha puesto el último clavo al ataúd del Pacto por México, no tanto porque este acuerdo no haya estado muerto desde hace meses, sino por la actitud que tendrá la actual administración federal en el futuro próximo. Ciertamente, tal como mencionó el titular del Ejecutivo, ha llegado el momento de implementar las reformas, asunto potencialmente mucho más complejo y políticamente costoso de lo que el discurso parece reconocer. En todo caso, eso tomará su tiempo. En lo inmediato, lo prioritario para el gobierno es consolidar su poder y autoridad. Con una oposición debilitada y desdibujada, aunado a la garantía de acceso a recursos sin precedentes vía la recaudación (según las mismas cifras del Informe, ésta ha ascendido alrededor de 11 por ciento desde la aprobación de la pasada miscelánea fiscal), hacen bastante promisorio, mas no certero, el panorama para el éxito político del regreso del PRI a Los Pinos.
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