A la luz de las frecuentes declaraciones de Enrique Peña Nieto, sobre todo a lo largo de sus dos recientes giras internacionales, es posible avistar que la reforma energética será una prioridad para la siguiente administración. Por muchos años, los actores políticos se han hecho la pregunta de qué hacer para convertir a PEMEX en una empresa eficiente, productiva y competitiva. También por mucho tiempo, las posturas han permanecido casi inmóviles: desde la arenga de “PEMEX no se vende”, hasta las propuestas de liberar a la paraestatal de todas las cargas fiscales que (supuestamente) le impiden crecer. Sin embargo, la discusión suele tener un lugar común: la idea de lo poco o nada que se ha hecho para modernizar a PEMEX. Por ello, no viene mal preguntarse si esto es del todo cierto. Es decir, si PEMEX -su capacidad de inversión y su régimen fiscal- siguen siendo los mismos que hace 20 años.
Al respecto, cabe recordar que en 1995, ante la necesidad de ampliar la inversión en infraestructura, el presidente Zedillo propuso la implementación de un esquema de inversión muy particular para PEMEX: los PIDIREGAS. Bajo esta modalidad, durante más de 10 años se desarrollaron proyectos que el Gobierno Federal fue pagando de manera diferida. Sin embargo, los PIDIREGAS se agotaron. Por un lado, tenían un claro límite presupuestario, determinado por la cantidad de recursos del gasto que se podían destinar cada año a los pagos anuales que correspondían para cada proyecto. Por el otro, siempre se mantuvieron bajo la sombra de ser un instrumento poco transparente.
Ante el agotamiento de los PIDIREGAS, en 2008, se modificó la Ley de Presupuesto para reformar el esquema de inversión de PEMEX. Así, la empresa comenzó a tener mayor flexibilidad en sus inversiones, las cuales se harían con dinero del presupuesto, incluyendo colocación de deuda pública. Con esto, el Congreso mantenía un control sobre el monto máximo que podría gastar la paraestatal cada año en inversiones. Por último, se incluyeron los pasivos de los PIDIREGAS en la deuda pública directa de la empresa, lo que permite que PEMEX use sus disponibilidades para reducir su deuda bruta. En 2009, se hicieron más reformas a su marco normativo, incluyendo una reforma al artículo 27 constitucional que permite, entre otros aspectos, los contratos de servicios. La reforma dejaba muy en claro la prohibición de comprometer la propiedad del petróleo y el control de las actividades en exploración y desarrollo de los recursos petroleros. Asimismo, la reforma mejoró algunos aspectos importantes de la operación de la empresa. Con los contratos de servicios, PEMEX ha venido reduciendo costos de operación. Con mayores disponibilidades para contraer deuda de largo plazo para inversión, ha podido desarrollar proyectos de exploración. Todo ello, le ha venido dando a PEMEX una mayor capacidad para acceder a mejores tecnologías o a esquemas de financiamiento para intentar incrementar la productividad de la empresa, considerando la complejidad técnica, el monto creciente de inversión que requieren pozos profundos y marinos y el riesgo cada vez más grande que hay en la exploración y extracción de crudo. El reciente descubrimiento de los nuevos yacimientos puede deberse, en parte, a esta evolución de la paraestatal.
Entonces, ¿se ha hecho algo con PEMEX en los últimos años? La respuesta es: sí. No obstante, las preguntas relevantes son otras: ¿qué modelo de evolución debe seguir PEMEX?; ¿qué intereses intentarán frenar una mayor apertura del sector?; ¿por cuánto tiempo más será (y soportará ser) PEMEX el pilar fundamental de los ingresos del Estado?; ¿habrá voluntad para hacer una reforma fiscal que quite presión en ese sentido a la empresa?; ¿qué hará el sindicato?; ¿qué planteará el presidente Peña? La cuestión será ver si sus respuestas se sustentarán con argumentos o con las mismas letanías de siempre.
Cualquier cambio que llegara a intentarse requeriría partir de una premisa crucial: más que una empresa, PEMEX es una secretaría en el sentido de que sus objetivos reales no son empresariales, las medidas de su desempeño no son financieras y su conducción sigue objetivos sociales, políticos y burocráticos que son incompatibles con el funcionamiento de una empresa que se mide con criterios de eficiencia y rentabilidad. La primera gran pregunta para una potencial reforma será si debe hacerse dentro de PEMEX o alrededor de PEMEX.
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