La crónica situación de violencia en el Estado de México se ha exacerbado. Si bien la delincuencia común ha reinado en la entidad ya por largo tiempo, el fenómeno va adquiriendo tintes (todavía más) preocupantes. Así, de ninguna manera es casualidad que, a principios de esta semana, se haya anunciado el arranque de una estrategia de cooperación más intensa entre las autoridades mexiquenses y las federales, encabezadas por la Secretaría de Gobernación.
Es importante tomar en cuenta que no se está ante un modelo de intervención radical como el operado en Michoacán desde hace algunas semanas con la figura de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral. Si bien hubo un relevo en la Secretaría de Seguridad Ciudadana mexiquense, en apariencia mandatado desde el Antiguo Palacio de Cobián, y que además habrá un sensible incremento en el número de efectivos de apoyo federal en la entidad, no se vislumbra (al menos por ahora) una dilución de la presencia del gobernador Eruviel Ávila, tal como ocurrió en el estado vecino con Fausto Vallejo. Lo cierto es que la importancia estratégica del Estado de México, la tierra natal (y feudo) del presidente Peña, hace de la reducción de los números criminales algo urgentísimo para el gobierno federal. No obstante queda la pregunta: ¿va la autoridad por un mero aplacamiento de la incidencia delictiva, o ha decidido al fin emprender un esfuerzo de reconstrucción institucional en materia de seguridad de la entidad con mayor población en el país?
La radiografía social del Estado de México es de enorme complejidad. El 43 por ciento de la población se encuentra en situación de pobreza extrema o moderada según CONEVAL, y una gran proporción de estos son pobres urbanos, cuyas expectativas de desarrollo son mayores a aquellos en pobreza rural. Además, el Estado de México es la segunda entidad con mayor densidad de población en el país –una de las variables con mayor correlación con el surgimiento de violencia-, con 679 habitantes por kilómetro cuadrado, sólo superado por el Distrito Federal con aproximadamente 5,920. No se hable de la evaluación del estado en términos de corrupción y buen gobierno (ocupa el penúltimo lugar según Transparencia Mexicana) o los fuertes problemas de subregistro de denuncias, la ineficiente planeación urbana, la baja cohesión social y la alta vulnerabilidad del capital social, o el deficiente desarrollo inmobiliario. Todo esto, más el hecho que la entidad se encuentra en un punto estratégico de distribución de narcóticos y sustenta una amplia demanda de consumo de drogas, apunta que la dinámica delincuencial en la entidad tiene un nivel de complejidad tal que una llana estrategia de seguridad policiaca actuará como un paliativo y no como una solución concreta de mediano plazo. Tal es el riesgo social de una estrategia con tintes más políticos que de política pública.
Asimismo, la seguridad pública en la entidad mexiquense implica un problema fuerte de gobernabilidad que podría extenderse a otras entidades, particularmente el Distrito Federal. Sin embargo, la implementación de una estrategia sólo policiaca y militar será una simple muleta que no modificará aspecto alguno de la estructura delincuencial en la entidad, aun cuando en el corto plazo empuje ciertos indicadores delictivos a la baja (lo cual no será nada despreciable en términos de imagen, sobre todo de cara a las elecciones legislativas federales y municipales del año entrante). Ahora bien, si en verdad se desea poner en marcha una solución integral a la crisis de inseguridad, será necesaria una estrategia que contemple programas de reorganización urbana, un fortalecimiento de la cohesión social, un ataque concreto a la corrupción en múltiples instituciones a nivel estatal y municipal, y un plan real de atención a los problemas derivados del crecimiento caótico de la mancha urbana de la Zona Metropolitana del Valle de México, es decir, termina no siendo un tema exclusivo de una entidad, sino de la región más importante del país. La tentación del maquillaje de cifras con motivos políticos queda latente. Sin embargo, ¿es esto realmente lo que esperan los mexiquenses o lo que sería el escaparate más evidente de estrategia de seguridad que pretende presentar el gobierno federal como modelo?
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