La decisión dividida del IFE contra el presidente Calderón refleja el problema fundamental que aqueja no sólo al instituto, sino a las instituciones de la democracia mexicana. La pregunta de fondo no es si el Presidente violó técnicamente la ley al difundir un mensaje que podría o no haber influido en los procesos electorales locales –ni si el mismo criterio podría aplicarse a los gobernadores que aprovecharon cualquier reflector posible durante el proceso e intervinieron de manera mucho más directa. La pregunta no está tampoco en las motivaciones que podría haber tenido el PRI para denunciarlo, ni en si los consejeros actuaron o no conforme a sus propias inclinaciones partidistas. Al margen de la polémica que se desató en torno a estos temas, la pregunta de fondo es: cuál es el papel que debe tener, si alguno, el Jefe de Estado y del Ejecutivo en una contienda electoral.
En todas las democracias se asume, de manera natural, que un Presidente no pierde su filiación partidista –ni sus afinidades estratégicas y políticas con su partido y con otros aliados fuera de este– cuando asume la Presidencia. De hecho, en sentido estricto, al haber sido postulado por un partido, se asumiría que la gente está votando no sólo por el candidato sino por lo que el partido representa. De la misma forma, se tiende a asumir –incluso en México– que las elecciones intermedias y los procesos electorales locales son en algún sentido un referéndum sobre el desempeño presidencial. Sin embargo, el desprecio generalizado por el PRI, en su momento, consolidó la idea de que el partido oficial debía compartir los descalabros con el gobierno, pero no sus éxitos. Aunque esto pudiera parecer inequitativo por sí mismo, la tarea herculeana de desmontar el régimen priísta requería, implícitamente, de esta ventaja para la oposición, que no tenía en realidad ninguna estructura gubernamental en que apoyarse.
Esta idea ya no tiene el mismo sentido en la democracia mexicana contemporánea. Ante un Congreso renovado y fortalecido y gobernadores con gran capacidad de movilización e influencia, suponer que el Ejecutivo Federal tiene una ventaja inherente como podría haberlo tenido en tiempos del PRI, ya no se fundamenta tan fácilmente. ¿Es tiempo de dejar que el Presidente utilice los recursos políticos con los que cuenta para influir en el ánimo de un electorado que, indirectamente, está evaluando su gestión y la de sus correligionarios? ¿Sería más equitativo, dado que los ejecutivos estatales tienen menos remilgos para intervenir en las elecciones?
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