Durante las elecciones de 2006, en la opinión pública, prevalecía el temor de que la actitud retadora de Andrés Manuel López Obrador pudiese poner en riesgo a las instituciones. Felipe Calderón, por otro lado, con una postura más conservadora, prometía institucionalidad y respeto al Estado de derecho. Cinco años después el Presidente Calderón no sólo ha retado al Poder Judicial, también lo desacata y desacredita. La liberación de Néstor Moreno Díaz, ex director de Operación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y acusado de enriquecimiento ilícito, representa el último de los casos -pero no el primero- en el que el Presidente responsabiliza a los jueces de la impunidad en el país. El Presidente Calderón declara estar cansado de detener a un delincuente y que, sistemáticamente, los jueces los liberen. Lo que debe observarse con detenimiento es que sus declaraciones omiten lo mismo que sus estrategias: entre la detención y una sentencia condenatoria hay sólo un requisito y es que el Ministerio Público haga bien su trabajo.
La frustración del Presidente ante la nula capacidad del aparato estatal para establecer una amenaza de sanción a quien rompe la ley denota una intención legítima de querer terminar con el problema. Pero las buenas intenciones no pueden ignorar las instituciones y, contrario a lo que sucedía en los años del autoritarismo, una orden del Presidente ya no es suficiente para meter a un ciudadano a la cárcel, o sacarlo. Eso es una buena noticia porque significa que la democracia empieza a filtrarse en nuestro sistema de procuración de justicia. Desde una perspectiva menos optimista, las implicaciones de no tener un aparato penal maleable son que para tener delincuentes en la cárcel alguien debe probar que lo son. Esa tarea le corresponde al Ministerio Público como defensor y abogado del orden público. El Presidente minimiza esta labor cuando denuncia que los criminales son liberados por cuestiones técnicas en los juicios. El asunto es que, esas cuestiones técnicas, se llaman pruebas.
Por supuesto, el Consejo de la Judicatura Federal no tardó en reaccionar. Su preocupación central reside en que cuestionar el trabajo de los jueces, sin fundamento, por consigna y más aún, sin pruebas, atenta contra la estabilidad. El hecho de que Néstor Moreno no se encuentre sujeto, al día de hoy, a un proceso penal es una muestra de la fragilidad que enfrentan las instituciones del país y que, a pesar de su condición, están obligadas a reaccionar al fenómeno de inseguridad, impunidad e injusticia que se multiplicó durante este sexenio. La solución para combatir la criminalidad no está en volver las reglas aún más laxas sino en fortalecer a los órganos que las aplican. Está, también, en devolverle a los ciudadanos la confianza en su sistema de justicia.
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