La semana pasada, el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) organizó la segunda edición de la consulta popular sobre el presupuesto participativo para el ejercicio fiscal 2015. La consulta se llevó a cabo en las 1,793 colonias del D.F. y se consideraron alrededor de 6 mil proyectos –de los 8,234 presentados, en los rubros de obras y servicios, infraestructura urbana, equipamiento, prevención del delito y actividades recreativas y culturales. En esta oportunidad, sólo 161,440 personas participaron en la consulta, alrededor del 1.6 por ciento de la lista nominal del IEDF. En 2012, el presupuesto participativo fue de 704 millones de pesos, en 2013 casi 751 millones y, para 2014 de 762 millones 927,283 pesos –el equivalente a 91 por ciento de todo el presupuesto de la delegación Cuajimalpa. Por lo tanto, el desaire de los electores a decidir (o al menos intentar incidir) en el destino de esta partida millonaria no es menor. Por ley, hasta 3 por ciento del presupuesto de cada delegación está al alcance de todos los ciudadanos vía este ejercicio de democracia directa. Sin embargo, más allá de la insuficiente difusión de la consulta y la apatía alrededor de todo el proceso detrás de la misma –desde la elección en 2013 de los integrantes de los Comités Ciudadanos y los Consejos de los Pueblos, instituciones a cargo de definir las propuestas a votación—, ¿qué dice el fracaso de esta herramienta de participación ciudadana respecto al interés de la sociedad en la toma de decisiones?
El presupuesto participativo del Distrito Federal (PPDF) es una partida del presupuesto anual de las delegaciones –entre uno y tres por ciento- dirigida a proyectos que los ciudadanos, a través de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos, avalen como prioritarios para sus colonias. Estos Comités y Consejos son integrados por nueve miembros, los cuales son votados para un encargo de tres años, y cuyo proceso es organizado por el IEDF. Cualquier ciudadano que lo desee y esté dispuesto a pagar con su bolsillo los costos de su campaña, puede formar parte del órgano ciudadano correspondiente a su colonia o poblado. No obstante, pocos parecen interesados en participar y, quienes llegan a hacerlo, suelen estar respaldados por algún partido político u organización clientelar.
Aunque la figura del presupuesto participativo ha sido impulsada por algunas organizaciones de la sociedad civil, al parecer el esfuerzo se ha conformado con sólo plasmarla en la letra de la ley. Lo inquietante del asunto es que ese proceso inconcluso de fomento a la participación ciudadana, ha demostrado replicarse en herramientas legisladas a nivel federal como la consulta popular y la iniciativa ciudadana. A la luz de los índices de asistencia a las urnas –las cuales fueron tanto físicas como virtuales vía el sufragio por internet—, la iniciativa del PPDF asemeja una especie de conquista abandonada de una sociedad civil que presiona, pero no participa. Peor aún, así como los recientes fracasos de las consultas populares a nivel federal acabaron por constituir una herramienta de publicidad para las débiles agendas de los partidos políticos, el PPDF podría degenerar en un subterfugio para las autoridades delegaciones a fin de utilizar discrecionalmente el gasto público, deslindarse de responsabilidades en la toma de decisiones en ese sentido, y escudarse en una presunta legitimidad ciudadana para tal propósito.
El actual modelo desangelado de PPDF, no es el esquema de participación ciudadana originalmente promovido por la sociedad en las consultas que hubo en su momento con la Asamblea Legislativa capitalina. Aunque el PPDF no es un modelo consolidado, la sociedad civil organizada supuestamente quería encausar algunos de sus esfuerzos de fomento a la participación ciudadana mediante estas herramientas. El seguimiento a los efectos de la ley ha sido a todas luces insuficiente. La herramienta no es perfecta, pero es un comienzo. Mientras la sociedad deja en la orfandad al PPDF, los actores políticos y sus clientelas firman con gusto su adopción.
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