El pasado martes, el diputado del PRI, el Dr. Arturo Zamora desechó una iniciativa que había presentado él mismo en enero del 2010 y que debía dictaminarse en la comisión de Justicia esta semana. La iniciativa buscaba sancionar con multas que iban de los 100 hasta los 300 salarios mínimos y de 1 a 9 años de prisión a quién injuriara en contra de precandidatos, candidatos y coaliciones. Evidentemente la iniciativa atropella garantías individuales, pero lo más revelador es lo que representa: el vínculo que los actores políticos quieren mantener con la ciudadanía.
El sólo hecho de presentar una iniciativa de esta naturaleza envía el mensaje de que hay actores dentro del PRI -y en la clase política- que desean y creen que es posible gobernar sin ciudadanía, que el país es el mismo que hace dos décadas y es posible restaurarlo todo por la puerta trasera. Si bien en los noventas se hizo un gran esfuerzo por impulsar a las instituciones electorales, el avance ha sido muy disparejo. Mientras los partidos se han vuelto los oligopolios del Estado, en vez de avanzar y homogeneizar la calidad de las instituciones, han dejado intactas las que les hacen rendir menos cuentas.
Mientras la realidad política avanza, aún con instituciones viejas, iniciativas como ésta muestran a un PRI incapaz de responder a dichos cambios con una alternativa distinta al pasado. En este sentido pareciera que el peor enemigo del PRI es sí mismo. La pregunta es si alguien más cuenta con la legitimidad política para capitalizarlo.
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